El fenómeno ya avanza a escala global: hay al menos 119 proyectos en marcha, más de 11 lanzados y unos 18 en fase piloto. China ya ha puesto en funcionamiento su yuan digital con más de 260 millones de usuarios, mientras la Reserva Federal y el Banco Central Europeo también se mueven en esa dirección.
Las mismas instituciones que primero ignoraron a Bitcoin, luego lo ridiculizaron y más tarde intentaron combatirlo, ahora parecen decididas a imitarlo. El problema es que esa copia podría estar lejos de parecerse al original.
La propuesta de Bitcoin fue simple y radical: permitir que dos personas transfieran valor sin que ningún banco, gobierno o intermediario lo sepa, lo autorice o lo pueda bloquear, sin identidad obligatoria ni autoridad central. Nació como una respuesta al sistema financiero tradicional luego de la crisis del 2008.
Las monedas digitales de bancos centrales pretenden tomar prestada la innovación tecnológica pero invirtiendo completamente el espíritu privado del intercambio: la CBDC adopta exactamente la modalidad que Bitcoin quería eliminar. Con una CBDC (Central Bank Digital Currency), el banco central crea el dinero, lo registra, sabe quién lo tiene y sabe en qué se gasta.
A diferencia de Bitcoin, que elimina la autoridad central, una CBDC la concentra como nunca antes había sido posible. La propia Christine Lagarde, presidenta del Banco Central Europeo, lo admitió: la anonimidad total "no es viable" con una CBDC. Es una característica de su diseño y no un efecto secundario.
Los impulsores argumentan que las CBDCs harían los pagos más eficientes y seguros, pero la Cámara de los Lores del Reino Unido respondió con un informe cuyo título lo dice todo: 'A solution in search of a problem'. El sistema de pagos ya es digital, casi instantáneo y ya funciona. La pregunta que nadie responde con claridad es: ¿qué problema concreto viene a resolver una CBDC que el mercado no haya resuelto ya?
A esto se suma un problema legal de fondo y es que las CBDCs no encajan en ninguna categoría jurídica existente: no son cash, no son depósitos bancarios y tampoco está claro si son una categoría nueva y distinta. Cada respuesta implica consecuencias diferentes para la supervisión y los derechos del consumidor.
Y mientras esa discusión sigue abierta, los proyectos avanzan. Hay además una desventaja impositiva: el Tribunal de Justicia de la Unión Europea resolvió que Bitcoin está exento de IVA por no ser propiedad tangible mientras que las CBDCs, en cambio, sí serían tratadas como tal, tornándolas fiscalmente menos convenientes que las criptomonedas privadas.
Una CBDC es dinero programable y, por lo tanto, el Estado podría emitir dinero con fecha de vencimiento para forzar el consumo, debitar impuestos directamente de cada cuenta después de cada transacción sin previo aviso (similar a lo que ya sucede con el SIRCREB en muchas provincias argentinas), bloquear pagos a empresas consideradas políticamente incorrectas, congelar o confiscar fondos de quienes no cumplan con determinados mandatos, durante la pandemia de COVID, una CBDC podría haber sido programada para funcionar únicamente en comercios "esenciales" y alertar a las autoridades cuando alguien incurriera en gastos de viaje.
Las posibilidades de intervención se multiplican y caen los incentivos para utilizar esta moneda: ninguna es inevitable y ese es exactamente el problema. El grado de intervención en la vida de los ciudadanos dependería, en última instancia, del criterio del burócrata de turno, sin ninguna garantía estructural de que esos poderes no se ejerzan.
Nigeria lo intentó con el eNaira y menos del 0,5% de la población lo adoptó. Los nigerianos prefirieron Bitcoin y la moneda digital del Estado fue vista, con razón, como una herramienta de control.
Algunos de los que impulsan las CBDCs, incluso dentro del Partido Republicano en EE.UU., argumentan que con intermediarios privados se podría proteger la libertad individual.
La ilusión dura poco por dos razones: los intermediarios financieros no pueden proteger los datos de sus usuarios frente al gobierno federal cuando este los requiere e incluso si el Congreso aprobara hoy una ley que limite estrictamente lo que una CBDC puede hacer, la historia sugiere que en momentos de crisis fiscal esas restricciones ceden.
El Congreso termina mirando para otro lado mientras la Reserva Federal hace lo que considera necesario para financiar al Estado.
El debate se resume en dos frases que se contradicen. Lagarde: "Los pagos son un bien público demasiado importante para dejárselo al mercado". Friedman: "El dinero es demasiado importante para dejárselo a los banqueros centrales".
Una moneda digital de los bancos centrales agrega más control, lo cual no es necesariamente algo bueno: las alternativas privadas ya existen, ya funcionan y ya resuelven los problemas que las CBDCs dicen venir a resolver.
*Por Garret Edwards, especialista en cuestiones jurídicas de la Fundación Libertad.