El gobierno de Axel Kicillof intimó a Mercado Libre —la empresa cofundada por el empresario argentino Marcos Galperin— y advirtió que podría aplicarle una multa de $1.815 millones si no elimina una serie de cláusulas que la Provincia considera "abusivas" y contrarias a la Ley de Defensa del Consumidor.
La actuación fue iniciada de oficio por el Ministerio de Producción bonaerense, a cargo de Augusto Costa, tras una fiscalización sobre los instrumentos contractuales publicados en el sitio oficial de la compañía.
El análisis incluyó las condiciones generales de uso del ecosistema Mercado Libre, así como los contratos vinculados a préstamos personales y servicios de Mercado Pago.
Según el organismo, se identificaron más de diez cláusulas que podrían vulnerar la Ley Nacional 24.240 de Defensa del Consumidor y normativa complementaria.
La empresa tiene cinco días hábiles para presentar su descargo por escrito y acreditar personería y domicilio en La Plata.
Si opta por formular una propuesta de adecuación o supresión de las cláusulas cuestionadas, el expediente podría cerrarse sin sanción.
La dependencia bonaerense señaló que algunas disposiciones habilitarían el cobro de tarifas "en algunos casos" sin informar previamente montos, motivos ni condiciones.
También quedó bajo la lupa la posibilidad de que la empresa modifique unilateralmente sus términos y considere aceptados esos cambios por el solo hecho de que el usuario continúe utilizando la plataforma de e-commerce.
Desde la Provincia sostuvieron que cada modificación debería ser notificada de manera clara y aceptada de forma expresa por cada consumidor.
Otro punto cuestionado involucra las condiciones vinculadas a fraudes y accesos indebidos: el contrato establece que el usuario es el único responsable por lo que ocurra en su cuenta, incluidas estafas o hackeos.
Para el gobierno bonaerense, la empresa también debe asumir responsabilidades en materia de seguridad de la plataforma y protección de los consumidores.
Además, Mercado Libre obliga a los usuarios de todo el país a litigar en la Ciudad de Buenos Aires, restringiendo el derecho de cada consumidor a reclamar judicialmente desde su provincia de domicilio.
Desde Mercado Libre rechazaron las acusaciones y aseguraron que responderán dentro de los plazos previstos.
"Rechazamos las acusaciones planteadas y presentaremos el descargo correspondiente en tiempo y forma, aportando toda la información y aclaraciones necesarias", apuntaron desde la compañía, según una publicación de A24.
La empresa también sostuvo que sus términos y condiciones son "claros, transparentes y alineados" con la normativa vigente.
La firma además resaltó que mantendrá un "diálogo permanente y constructivo" con las autoridades regulatorias y organismos de control del país, incluida la provincia de Buenos Aires.
En cuanto al volumen de reclamos, la firma defendió el funcionamiento de su plataforma y argumentó que, en relación con la cantidad de operaciones procesadas, el nivel de quejas es "muy bajo".
"Contamos con herramientas de protección al usuario, como Compra Protegida y distintos canales de atención y resolución, que permiten resolver la gran mayoría de los casos de manera rápida y eficiente", completaron desde la empresa.
La fiscalización se inició independientemente de la avalancha de denuncias individuales que, en jurisdicción bonaerense, alcanzan las 2.396 presentaciones solo en los primeros cuatro meses de 2026, lo que coloca a Mercado Libre como la empresa con más reclamos en la Provincia.
Los reclamos están relacionados principalmente con fraudes y estafas en operaciones realizadas a través de la plataforma.
También se registraron inconvenientes para devolver productos por fallas en los mecanismos de Compra Protegida o trabas para ejercer el derecho de arrepentimiento.
La administración provincial remarcó que la fiscalización fue "iniciada de oficio" y se realizó "independientemente de la eventual existencia de denuncias individuales".
La autoridad de aplicación constató que diversas cláusulas de los contratos presentarían abusividad en términos del artículo 37 de la Ley de Defensa del Consumidor, al consagrar un desequilibrio entre los derechos y obligaciones de las partes, en perjuicio de los consumidores.
Si Mercado Libre no realiza los cambios exigidos en el plazo estipulado, deberá afrontar la sanción económica de $1.815 millones, y desde el gobierno bonaerense advirtieron que la Justicia podría avanzar con nuevas penalizaciones.