Rusia avanza con nuevas restricciones contra la minería de criptomonedas y evalúa ampliar las prohibiciones sobre la actividad en distintas regiones del país hasta 2032. La iniciativa también incluye sanciones más severas para quienes operen de manera ilegal.
Las autoridades rusas analizan impedir la minería de Bitcoin en Moscú, la región metropolitana y parte del territorio de Kursk, en medio de crecientes preocupaciones por el consumo energético que genera esta industria.
La propuesta fue debatida por una comisión gubernamental vinculada al sistema eléctrico y surge a partir de pedidos de funcionarios regionales que alertaron sobre el impacto de las granjas mineras en la red de energía.
Desde el Ministerio de Energía sostienen que muchas operaciones consumen grandes cantidades de electricidad sin generar beneficios económicos proporcionales para las regiones donde funcionan.
Evgeniy Grabchak, viceministro de Energía ruso, confirmó que varias administraciones locales solicitaron restricciones más duras debido al aumento de la presión sobre la infraestructura energética.
En la región de Moscú, funcionarios provinciales detallaron que las limitaciones aplicadas previamente en otras zonas del país ya mostraron resultados positivos en términos de estabilidad eléctrica.
Según datos oficiales, al menos 65 centros de procesamiento de datos vinculados a actividades mineras operan actualmente en Moscú y sus alrededores, con una capacidad energética combinada de 734 MW.
En Kursk, una región cercana al conflicto entre Rusia y Ucrania, las autoridades también impulsan restricciones sobre la minería para priorizar el suministro energético destinado a hogares e industrias tradicionales.
Además, el gobierno ruso evalúa ampliar las prohibiciones a otras 19 regiones conectadas a la red eléctrica central administrada desde Moscú, lo que implicaría un endurecimiento significativo sobre el sector.
La decisión marca un cambio respecto a 2024, cuando Rusia había legalizado oficialmente la minería de criptomonedas con el objetivo de aprovechar sus recursos energéticos y atraer inversiones tecnológicas.
En paralelo, la Duma Estatal avanzó con un proyecto de ley que busca endurecer las penas contra los mineros que operen fuera del sistema oficial o utilicen electricidad robada para alimentar sus equipos.
La iniciativa contempla multas millonarias, trabajos forzados e incluso penas de prisión de hasta cinco años para los casos más graves. Aunque la minería es legal en Rusia, las autoridades estiman que la mayoría de las operaciones aún funcionan sin registrarse ante el Estado.