La Argentina se convirtió en uno de los mercados más activos en adopción cripto. La inflación crónica, la volatilidad del peso y la desconfianza hacia el sistema financiero tradicional impulsaron a millones de personas a buscar refugio en monedas virtuales.
Esto originó la figura de los influencers cripto: desde cuentas de Instagram y TikTok hasta canales de YouTube o grupos de Telegram, comenzaron a ocupar un rol central en la difusión de proyectos. Muchos construyeron comunidades masivas prometiendo oportunidades de inversión, rentabilidades extraordinarias y acceso anticipado a nuevos tokens.
Durante años, el fenómeno se movió en una zona gris regulatoria, pero este año aparece como un punto de inflexión: la combinación de nuevas regulaciones de la Comisión Nacional de Valores (CNV), investigaciones judiciales y proyectos legislativos específicos empezaron a redefinir las reglas del juego.
La actividad dejó de ser vista únicamente como una práctica comunicacional para ser considerada una actividad publicitaria con potenciales consecuencias legales.
La implementación de la Ley N° 27.739 y la Resolución General 1.058 de la CNV marcaron el inicio de una nueva etapa de supervisión sobre los Proveedores de Servicios de Activos Virtuales (PSAV). Por primera vez, exchanges, custodios y plataformas cripto quedaron formalmente integrados a un esquema regulado.
Uno de los aspectos más relevantes es la creación del Registro de PSAV. Toda persona o empresa que realice actividades de intercambio, administración o custodia debe estar inscripta. La misma obligación impacta sobre los influencers.
La razón es simple: promocionar plataformas o tokens emitidos por entidades no registradas puede interpretarse como una colaboración en una oferta pública irregular de valores negociables. La CNV ya dio señales de intervención cuando ordenó el cese del peso digital ARGt en Belo.
La resolución también incorpora exigencias estrictas en materia de ciberseguridad y segregación de activos. Las plataformas deben separar los fondos propios de los fondos de clientes para evitar colapsos similares a los ocurridos en exchanges internacionales. Además, se exigen sistemas de monitoreo en tiempo real, protocolos de recuperación ante incidentes y estándares mínimos de protección informática.
En ese contexto, comienza a aparecer una discusión jurídica novedosa: ¿puede un influencer ser responsable si difunde una plataforma que pierde fondos? Especialistas sostienen que sí: la promoción sin una mínima verificación sobre su legitimidad o solvencia puede derivar en reclamos civiles por negligencia, especialmente cuando existe una relación comercial.
El ejemplo más emblemático fue el caso $LIBRA, uno de los mayores escándalos financieros y políticos vinculados al ecosistema cripto argentino. El token fue lanzado a través de una agresiva campaña en redes sociales y alcanzó notoriedad cuando el presidente Javier Milei le dio visibilidad en X.
La narrativa pública indicaba que serviría para financiar emprendimientos argentinos y democratizar inversiones. Pero detrás del discurso apareció otra realidad. El 15 de febrero de 2025, tras alcanzar un pico de valuación, se ejecutó una maniobra conocida como rug pull: dos billeteras vinculadas al token liquidaron posiciones y retiraron u$s44,5 M.
El colapso dejó más de 114.000 billeteras afectadas en todo el mundo. Según la Comisión Investigadora del Congreso, al menos 1.329 correspondían a ciudadanos argentinos.
El caso abrió un debate inédito sobre la responsabilidad de las figuras públicas e influencers que promocionan activos digitales sin advertir adecuadamente los riesgos.
Ante el vacío normativo, la Fundación Blockchain Argentina impulsó una iniciativa bautizada informalmente como "Ley LIBRA", que busca tipificar conductas que hoy no aparecen claramente contempladas en el Código Penal, por ejemplo:
La Fundación sostiene que la tecnología blockchain ofrece trazabilidad pública e inmutable, pero el sistema judicial todavía carece de suficientes peritos especializados y herramientas normativas modernas para investigar eficazmente estos delitos.
En el plano jurídico, la discusión ya no gira únicamente alrededor de la libertad de expresión o la publicidad digital. Los tribunales comienzan a analizar la responsabilidad de quienes usan su influencia para inducir decisiones económicas masivas.
El principio de alterum non laedere (no dañar al prójimo) aparece como uno de los fundamentos centrales: quien posee capacidad de convencimiento debe actuar con un estándar de diligencia proporcional a su poder de influencia.
La Ley de Defensa del Consumidor también gana protagonismo: los influencers pueden ser considerados proveedores de servicios cuando su actividad es habitual y remunerada. La omisión de riesgos, falta de transparencia sobre acuerdos comerciales o promoción de esquemas potencialmente fraudulentos pueden configurar incumplimientos al deber de información veraz.
La jurisprudencia incluso comenzó a asimilarlos bajo la figura de un auxiliar de comercio, elevando el estándar de responsabilidad.
La Justicia analiza distintos niveles de responsabilidad según la conducta desplegada. En algunos casos, puede existir culpa o negligencia por no verificar la legitimidad del proyecto promocionado. En otros, la discusión escala hacia figuras más graves, como dolo eventual.
El delito de estafa requiere la existencia de un engaño destinado a inducir a la víctima a realizar una disposición patrimonial perjudicial. En el universo cripto, se traduce en promesas irreales de ganancias, validación pública de proyectos sin respaldo o utilización de estilos de vida aspiracionales para generar confianza.
También aparecen bajo análisis los sistemas de referrals: recepción de comisiones por cada usuario captado sin informar ese conflicto de interés.
La figura del dolo eventual gana terreno: algunos influencers, aun sin haber diseñado el fraude, aceptaron el riesgo de perjudicar a sus seguidores a cambio de una contraprestación económica.
Otro de los riesgos jurídicos se vincula con la Ley de Mercado de Capitales. La promoción sistemática de determinados activos puede interpretarse como asesoramiento o intermediación financiera no autorizada, que prevé multas millonarias e incluso sanciones penales administrativas.
También se aproxima un cambio profundo en materia tributaria. La reconversión de ARCA hacia esquemas digitales incrementó el cruce de datos con exchanges nacionales e internacionales. Los pagos en stablecoins o criptomonedas por campañas publicitarias ya deben ser declarados.
El gran cambio llegará en 2027 con la implementación del CARF (Crypto-Asset Reporting Framework) impulsado por la OCDE. El sistema obligará a exchanges y billeteras de más de 100 países a reportar automáticamente información sobre saldos y movimientos de usuarios argentinos. En la práctica, significará el fin del anonimato fiscal.
El problema también expone una dimensión social profunda: la promesa de "hacerse rico rápido" funciona como un poderoso atractivo para sectores vulnerables. Muchos influencers explotan el llamado FOMO (Fear of Missing Out), una dinámica psicológica basada en el miedo a quedarse afuera de una oportunidad supuestamente única.
La combinación de falta de educación financiera, desesperación económica y marketing emocional genera un escenario propicio para fraudes masivos. Los especialistas advierten que el desafío ya no pasa solamente por castigar estafas consumadas, sino por construir un ecosistema más transparente en que la educación financiera funcione como herramienta preventiva.
La era del influencer cripto sin controles parece empezar a quedar atrás.