El 28 de abril, allanamientos en distintos puntos de San Rafael (Mendoza) permitieron detener a Gastón Sebastián García Soto y Marcos Agustín García Gasques, imputados por asociación ilícita en calidad de organizadores y por 832 hechos de defraudación mediante uso indebido de datos de tarjetas de crédito y débito.
El perjuicio económico estimado fue de u$s78.000, distribuidos entre más de 800 víctimas de todo el país.
El método era calculado y difícil de detectar. Los involucrados creaban sitios web engañosos que imitaban páginas oficiales (con promociones, descuentos y hasta la posibilidad de pagar multas por ausencia electoral) para que las víctimas ingresaran sus datos.
Al hacerlo, un malware descargado en el celular capturaba información bancaria. El dinero robado se transfería en pequeños montos, conocidos como "cafecitos" o "tecitos", para eludir los sistemas de alerta de las plataformas financieras.
Una parte de esos fondos fue convertida en USDT y mantenida en billeteras privadas de los imputados. Fueron esos activos los que terminaron incautados y transferidos a la cuenta del Ministerio Público Fiscal. Fue en ese momento cuando la herramienta nueva entró en acción.
Para avanzar con la incautación, el MPF de Mendoza debió abrir una wallet institucional en Binance, a nombre del organismo. Además, se firmó una resolución interna que habilita formalmente su uso. No es una billetera convencional, tiene protocolos específicos de control, registro y custodia diseñados para el ámbito judicial.
El rastreo de los activos digitales es un proceso coordinado que combina inteligencia financiera, colaboración interinstitucional y medidas judiciales directas. Intervienen:
"La wallet institucional se planteó en el ámbito de esta investigación para poder efectivizar estas medidas, pero ya queda habilitada para futuros casos en los que haya criptoactivos que incautar por estar vinculados a delitos", explica la fiscal de Delitos Económicos, Gabriela García Cobos.
"Cuando en otro caso se advierta que hay movimientos sospechosos, se puede ordenar la incautación y esos activos quedan en la wallet a nombre del Ministerio Público Fiscal, y en custodia", precisa la funcionaria.
Desde el MPF describieron el objetivo central de la herramienta: "Evitar la pérdida o reutilización de los activos dentro del circuito delictivo, al tiempo que incorpora protocolos específicos de control y registro".
En términos operativos, permite congelar dinero digital en tiempo real antes de que se disperse por la red (una capacidad que en casos de cripto puede ser la diferencia entre recuperar los fondos o perderlos definitivamente).
El problema que esta herramienta viene a resolver tiene una dimensión técnica que muchas veces se subestima. Una transferencia en blockchain puede completarse en segundos y cruzar jurisdicciones sin intermediarios. Una orden judicial tradicional puede tardar días. En ese intervalo, los activos desaparecen.
El MPF señaló que la implementación de la wallet "responde al crecimiento de delitos informáticos y a la necesidad de contar con mecanismos ágiles frente a operaciones que, por su naturaleza digital, pueden dispersarse rápidamente".
La clave operativa es actuar en el mismo instante en que se ejecutan los allanamientos. Con autorización judicial, los fiscales procedieron a la apertura compulsiva de los teléfonos de los detenidos para identificar y transferir los criptoactivos en tiempo real.
Ese modelo de acción simultánea (allanamiento físico más incautación digital en el mismo acto) es lo que marca la diferencia respecto al procedimiento estándar, donde los activos digitales solían quedar en un limbo legal mientras se buscaba cómo custodiarlos. Antes de esta wallet, no había dónde alojarlos dentro del sistema judicial provincial.
La ministra de Seguridad y Justicia de Mendoza, Mercedes Rus, fue precisa sobre el alcance del caso: "No son hechos aislados". La causa continúa en investigación y no se descartan nuevas detenciones, dado que la red operaba con estructura organizada y proyección en distintos puntos del país.
La investigación permitió establecer que los imputados utilizaron datos de al menos 800 titulares de tarjetas de todo el país, afectando víctimas en múltiples provincias. La billetera judicial mendocina incautó los activos de un delito con alcance federal. El instrumento es provincial; el problema que combate, no.
La fiscal García Cobos fue clara sobre la escalabilidad del sistema: la wallet no se creó solo para este caso. Quedó operativa de forma permanente para cualquier causa futura donde aparezcan criptoactivos vinculados a delitos. El primer uso fue un debut. Lo que viene es la normalización de un modelo que, tarde o temprano, el resto del sistema judicial del país deberá adoptar.
La billetera judicial del MPF mendocino es, antes que una noticia tecnológica, una respuesta institucional a un problema de velocidad. Los delincuentes aprendieron hace años que convertir dinero en cripto es la forma más rápida de ponerlo fuera del alcance de la Justicia. Mendoza acaba de demostrar que eso ya no es tan sencillo, al menos en su jurisdicción.
El paso que se dio no es cosmético, implica que el Estado abrió una cuenta en un exchange, firmó una resolución interna, coordinó a fiscales con peritos informáticos y policías especializados, y ejecutó todo en tiempo real durante un allanamiento.
Eso es más difícil de lo que parece y más importante de lo que suena. En un país donde no paran de crecer los pagos digitales, la pregunta no es si los demás organismos deberán hacer lo mismo. Es cuánto van a tardar en entender que no tienen opción.