El Banco Central de Brasil aprobó la Resolución 561, que prohíbe el uso de Bitcoin, criptomonedas y stablecoins para la liquidación de pagos transfronterizos dentro del servicio eFX, restringiendo operaciones digitales internacionales.
La decisión elimina un canal clave para transferencias al exterior y refuerza el control estatal sobre el ecosistema cripto en el país, en un contexto de creciente intervención regulatoria sobre herramientas financieras digitales alternativas.
La Resolución 561 establece en Brasil la prohibición del uso de Bitcoin, stablecoins y cualquier otro activo digital para la liquidación de pagos transfronterizos mediante el servicio eFX, obligando a operar con cambio tradicional.
A partir de esta normativa, las transacciones deberán canalizarse exclusivamente a través de mecanismos convencionales o cuentas en reales de no residente, eliminando la posibilidad de utilizar criptomonedas dentro del esquema regulado vigente.
El servicio eFX permitía a ciudadanos y empresas brasileñas enviar transferencias digitales al exterior, consolidándose como una alternativa más ágil frente a la burocracia bancaria tradicional que caracteriza al sistema financiero local.
Con la implementación de esta regulación, esa vía queda completamente clausurada, suprimiendo un espacio donde los activos digitales habían comenzado a posicionarse como herramientas eficientes para operaciones internacionales dentro de un entorno cada vez más competitivo.
La normativa también introduce un límite de 10,000 dólares para transferencias vinculadas a inversiones en el mercado de valores, aplicándose el mismo tope a la compra de bienes mediante soluciones digitales no integradas al sistema formal.
La medida se anunció un día después de que el Banco Central solicitara al Congreso restringir o prohibir stablecoins emitidas por empresas extranjeras, señalando a Tether y Circle como amenazas a la soberanía monetaria.
Las empresas que operan servicios eFX sin autorización formal en Brasil disponen hasta el 31 de mayo de 2027 para gestionar su habilitación ante el Banco Central como emisores de dinero electrónico.
También pueden solicitar registro como instituciones de pago dentro del marco regulatorio vigente, lo que implica ajustarse a las normas existentes para continuar ofreciendo transferencias digitales hacia el exterior de manera legal.
En caso de no presentar la solicitud dentro del plazo establecido, la normativa en Brasil es explícita y obliga a las compañías a cesar la prestación de servicios eFX en un plazo de 30 días.
Ese período comienza a contar desde el momento en que la autoridad monetaria detecta el incumplimiento, marcando un límite claro para las entidades que intenten operar sin adecuarse al nuevo esquema regulatorio definido.
El mismo desenlace se aplicará en Brasil si la solicitud es rechazada o archivada de forma definitiva, mientras que durante el proceso las empresas transitorias no podrán utilizar criptoactivos en liquidaciones transfronterizas.
Esta decisión en Brasil refleja una tensión creciente en América Latina sobre soberanía monetaria en la era digital, donde el regulador busca proteger el real frente a dolarización informal, aunque usuarios pierden agilidad financiera.