El presidente Donald Trump decidió remover a su fiscal general Pam Bondi y designar en su lugar a Todd Blanche, hasta entonces su adjunto, en un movimiento con implicancias políticas y regulatorias.
Aunque el mandatario sugirió que el nombramiento podría ser transitorio, distintas versiones indican que busca evaluar el desempeño de Blanche, quien además fue su abogado personal antes de asumir funciones públicas.
El cambio en la cúpula del Departamento de Justicia no solo impacta en la agenda judicial estadounidense, sino también en sectores sensibles como el de las criptomonedas, donde Blanche ya dejó señales concretas.
Su historial combina medidas favorables al ecosistema cripto con una continuidad en la persecución judicial de desarrolladores, lo que genera tensiones entre innovación tecnológica, regulación estatal y defensa de la privacidad.
Al incorporarse al gobierno federal el año pasado, Todd Blanche informó una considerable tenencia de activos digitales, evidenciando su vínculo directo con el ecosistema, al detallar inversiones personales en criptomonedas relevantes.
Según su declaración oficial, el entonces fiscal general interino poseía entre u$s100.000 y u$s250.000 dólares en Bitcoin y entre u$s50.000 y u$s100.000 dólares en Ethereum, además de participaciones en múltiples altcoins.
Entre esas criptomonedas incluyó activos como Solana, Cardano, Ethereum Classic, Polygon y Polkadot, todos resguardados mediante una cuenta en Coinbase, lo que reflejaba una estrategia diversificada dentro del mercado de criptoactivos.
Posteriormente, Blanche indicó en un documento de ética que decidió transferir la totalidad de esas tenencias a sus hijos adultos y a un nieto, buscando evitar potenciales conflictos de interés.
Semanas después de asumir como segundo funcionario del Departamento de Justicia, ordenó desmantelar el equipo especializado en delitos vinculados a criptomonedas y pidió no perseguir exchanges ni servicios de mezcla utilizados por actores criminales.
"La administración anterior utilizó el Departamento de Justicia para llevar a cabo una estrategia imprudente de regulación mediante la persecución judicial, que fue mal concebida y peor ejecutada", afirmó Blanche en ese momento.
En línea con el enfoque inicial de Blanche, un alto funcionario del Departamento de Justicia comunicó meses después que se dejaría de imputar a desarrolladores de software cripto por operar transmisores de dinero sin licencia.
Este anuncio fue interpretado como un alivio por parte de la industria, que venía reclamando mayor claridad regulatoria y límites a la persecución judicial sobre herramientas tecnológicas vinculadas a blockchain y privacidad.
Sin embargo, ese optimismo se disipó rápidamente cuando, en el otoño pasado, el Departamento de Justicia encarceló a dos desarrolladores de software de privacidad de Bitcoin bajo cargos relacionados con transmisiones ilegales de dinero.
En paralelo, el organismo llevó a juicio a Roman Storm, desarrollador vinculado a Ethereum, quien fue condenado por un jurado en Manhattan por operar un transmisor de dinero ilegal.
Aunque el jurado no logró consenso en otros dos cargos, los fiscales decidieron avanzar con un nuevo juicio sobre esos puntos el mes pasado, ya bajo la conducción de Blanche y Bondi.
Esta continuidad en la persecución penal generó críticas dentro del ecosistema, al considerar que contradice las señales públicas de mayor apertura hacia la innovación en criptomonedas.
Peter Van Valkenburgh, director de Coin Center, advirtió que esta combinación de posturas dejó a la industria en "un estado muy malo", reflejando la incertidumbre regulatoria vigente.
A futuro, resta definir si el ascenso de Blanche implicará un cambio concreto en estas políticas, mientras Trump aseguró que "analizaría" posibles indultos para desarrolladores condenados, aunque aún no se concretaron.