El gobierno de Brasil decidió postergar la consulta pública sobre un proyecto que buscaba aplicar impuestos a las criptomonedas, introduciendo incertidumbre regulatoria en uno de los mercados cripto más relevantes de América Latina.
La decisión fue tomada por el nuevo ministro de Hacienda, Dario Durigan, pocos días después de asumir el cargo, tras la salida de Fernando Haddad, quien dejó el puesto para competir en la política regional.
El proyecto analizaba gravar determinadas operaciones con activos digitales bajo el esquema del Imposto sobre Operações Financeiras (IOF), un tributo que Brasil aplica habitualmente a operaciones de crédito, cambio y seguros.
El punto más controvertido era la posible reclasificación de operaciones con criptomonedas como si fueran transacciones de cambio de divisas. Las alícuotas del IOF varían según el tipo de operación: desde 0,38% en algunos ingresos de capital hasta 3,5% en compras en el exterior, remesas o pagos internacionales. Las transferencias destinadas a inversiones fuera del país podrían enfrentar una tasa del 1,1%.
Para entender la magnitud del impacto potencial: el mercado cripto brasileño mueve entre u$s6.000 millones y u$s8.000 millones mensuales, con cerca del 90% de esos flujos concentrados en stablecoins. Unas 25 millones de personas participan del ecosistema local.
En el centro del debate quedaron precisamente las stablecoins, diseñadas para mantener paridad con monedas tradicionales como el dólar. Su posible encuadre como instrumentos equivalentes a divisas fue el aspecto que más encendió al sector.
La respuesta de la industria fue inmediata y contundente. Una declaración conjunta firmada por ABcripto, ABFintechs, Abracam, ABToken y Zetta (que representan a más de 850 empresas del ecosistema digital brasileño) cuestionó la legalidad de la medida y anticipó una batalla legal.
Las entidades advirtieron que "cualquier expansión de la incidencia fiscal sobre operaciones con stablecoins a través de un decreto o regla administrativa es ilegal, ya que actos de esta naturaleza no pueden crear o expandir un evento desencadenante de impuestos".
El argumento central: las stablecoins no son moneda fiduciaria y no pueden equipararse a operaciones cambiarias mediante decretos o normas administrativas. Avanzar en esa dirección, advirtieron, podría entrar en conflicto con la ley de activos virtuales aprobada en 2022.
Fue tras esa advertencia del sector que el gobierno de Brasil decidió prorrogar la iniciativa, al menos por ahora.