Cinco asociaciones del sector cripto y fintech de Brasil declararon ilegal la posible extensión del impuesto IOF a las transacciones con stablecoins y advirtieron que la medida podría dañar uno de los mercados de activos digitales más grandes de América Latina.
La declaración conjunta fue firmada por ABcripto, ABFintechs, Abracam, ABToken y Zetta, que representan a más de 850 empresas del ecosistema digital brasileño.
El argumento central es que las stablecoins no son moneda fiduciaria y no pueden equipararse a operaciones de cambio para activar el tributo.
El sector apunta dos normas: la Constitución brasileña, que delimita el IOF a operaciones con moneda nacional o extranjera, y la Ley de Activos Virtuales N.º 14.478 de 2022, que establece explícitamente que los activos virtuales no son moneda de ningún tipo.
En la declaración, las entidades advirtieron que "cualquier expansión de la incidencia fiscal sobre operaciones con stablecoins a través de un decreto o regla administrativa es ilegal, ya que actos de esta naturaleza no pueden crear o expandir un evento desencadenante de impuestos".
El volumen en juego explica la urgencia del reclamo. El mercado cripto brasileño mueve entre u$s6.000 millones y u$s8.000 millones mensuales, y cerca del 90% de esos flujos son stablecoins. Unas 25 millones de personas participan del ecosistema local.
Un cambio fiscal podría afectar remesas, cobertura cambiaria frente al real, pagos digitales y operaciones de comercio internacional. Las asociaciones también alertaron que mecanismos similares no se aplican en otras grandes economías, lo que restaría competitividad a Brasil en la atracción de innovación financiera.
El debate no gira en torno a prohibir estos activos, sino en definir si pueden equipararse a divisas para efectos fiscales.
De esa distinción depende si el gobierno puede avanzar por vía administrativa o debe pasar por el Congreso. Para la industria, la respuesta es clara: solo la vía legislativa sería constitucionalmente válida.