La Facultad de Derecho, Ciencias Sociales y Política de la Universidad Nacional del Nordeste (UNNE), en Argentina, se encuentra en un proceso de investigación y recolección de datos sobre los avances de Bitcoin y el uso de blockchains, haciendo especial énfasis en sus implicaciones legales.
Su objetivo es ofrecer insumos teóricos al gobierno de las provincias de la región, y también al gobierno nacional, para el desarrollo de una regulación que favorezca a los usuarios de esta tecnología.
"Nosotros trabajamos sobre una muestra de análisis que tiene un periodo temporal de más o menos un mes, entre mediados de marzo y abril de este año. Hemos recolectado datos sobre los intereses de las personas de nuestras provincias y de cuán interesados estaban o cuánto conocían de Bitcoin y su funcionamiento", aseguró Facundo Barrios, becario de la UNNE al sitio Criptonoticias.
"A través de datos estadísticos nos encontramos que la media nacional estaba más o menos en 48 búsquedas diarias en Google (Bitcoin). Vimos que Formosa excedía esa media, mientras Corrientes y Chaco estaban muy cerca", aseguró.
Desde esta casa de estudios proponen una regulación que sea lo suficientemente flexible para permitir la innovación, pero lo suficientemente eficaz como para ofrecer protección a los ciudadanos.
Barrios señaló que la universidad "trabaja en saber si es posible lograr una regulación que no limite el desarrollo tecnológico en Argentina, sino que aproveche la activa comunidad de usuarios de bitcoin y emprendedores de la tecnología, incentivando la creación de una regulación de protección a los usuarios frente a posibles estafas o fraudes que puedan llegar a perjudicarlos".
El abogado subrayó que en Chaco se sentó un importante precedente para la jurisprudencia argentina. Allí, a finales de noviembre de 2018, una corte de la provincia dictó sentencia contra un hacker tras el robo de 500 ETH, valuadas en USD 434.352 en el momento del hackeo.
Entre el 14 y 16 de diciembre de 2017 el pirata informático ingresó a las cuentas de distintos usuarios o clientes de la empresa "Mercury Cash", robando los ETH.
Barrios calificó como una innovación el fallo del juez del caso, especialmente porque los jueces no solo se basaron en las normas.
"El tribunal tuvo que enfrentarse a una norma no solo ineficiente, que estaba pensada para otro tipo de contrataciones, otro tipo de mundo, un mundo analógico. Tuvieron que hacer frente al mundo digital, al mundo del blockchain, a través de la aplicación del derecho de una manera creativa", indicó.
El desafío principal de este caso fue el hecho de que estaban implicadas varias jurisdicciones. En lo que toca a Argentina y las responsabilidades legales en el país suramericano, "el tribunal debió hacer un análisis más lógico-creativo del derecho".
"Los jueces tuvieron un buen criterio, a pesar de que no eran conocedores de la tecnología. Aprendieron en el proceso, con el caso ya sobre las manos, y lo hicieron en tiempo récord, para lo que son nuestros tiempos de justicia", añadió.
Por otro lado, Barrios indicó que su enfoque es amplio, planteando la necesidad de una regulación que permita el desarrollo de la tecnología, y que permita la profundización de lo que ya existe.
La regulación solo debe brindar protección al inversionista y al usuario de criptomonedas, puntualizó: "La tecnología debe ser quizás no controlada, pero debería ser por lo menos mirada por las autoridades".