Paraguay busca formalizar oficialmente su pujante ecosistema de criptomonedas con la emisión de la Resolución General N.º 47/2026.
Esta normativa, impulsada por la Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT) bajo la firma de su titular, Óscar Orué, establece por primera vez la obligatoriedad de informar detalladamente sobre las operaciones con criptomonedas.
La medida busca echar luz sobre un mercado que, gracias a la abundancia de energía hidroeléctrica y costos operativos competitivos, convirtió al país en un polo regional para la minería de Bitcoin y el intercambio de activos, pero que hasta ahora operaba en una suerte de vacío informativo frente al fisco.
El nuevo esquema de reporte alcanza a todos los contribuyentes que operen con criptoactivos, aunque fija un umbral de relevancia para la presentación de la Declaración Jurada Informativa. Según los lineamientos oficiales, la obligación se dispara cuando el volumen anual de las transacciones supera los u$s5.000 (unos 38 millones de guaraníes al tipo de cambio actual).
Los sujetos obligados no son solo los usuarios finales, sino también los administradores o responsables de plataformas de intercambio (exchanges) que operen dentro del territorio nacional, quienes deberán actuar como agentes de información sobre los movimientos realizados por sus clientes.
La precisión técnica de la resolución exige que cada reporte cuente con datos específicos para garantizar la trazabilidad de los fondos. Se debe informar la fecha y hora exacta de la operación, el tipo de criptoactivo involucrado y el monto expresado tanto en la unidad digital como en su equivalente en moneda nacional.
Un punto clave es la identificación de las partes: en los casos donde no se pueda determinar la identidad de los intervinientes, los contribuyentes deberán suministrar las direcciones públicas de las billeteras (wallets), cuentas digitales o incluso los contratos inteligentes involucrados en la transacción.
Esta medida se alinea con la estrategia de la DNIT de ampliar la base tributaria y combatir la evasión sin necesidad de crear nuevos impuestos.
Al clasificar a las criptomonedas como "valores privados", el fisco paraguayo busca capturar la renta generada por su comercialización, manteniendo la exención del IVA pero reforzando el control sobre el Impuesto a la Renta Empresarial (IRE) y el Impuesto a la Renta Personal (IRP).
Para asegurar el cumplimiento, la resolución establece sanciones directas por la presentación fuera de plazo, con multas por contravención que ascienden a un millón de guaraníes, sin perjuicio de otras responsabilidades administrativas que puedan derivar de una fiscalización.