La Comisión de Bolsa y Valores de los Estados Unidos (SEC) presentó una propuesta formal de nuevas reglas para clasificar a las criptomonedas bajo las leyes de valores.
Esta iniciativa surge en un momento donde la falta de claridad jurídica se mantiene como el principal argumento de fricción entre el organismo y empresas del sector.
Con esta medida, la SEC busca establecer un marco normativo más rígido y predecible, intentando trasladar la protección que hoy existe en los mercados financieros tradicionales hacia el volátil mundo de los tokens y los protocolos descentralizados.
El núcleo de la propuesta se centra en una actualización de los criterios utilizados para determinar si un activo digital constituye un "contrato de inversión" según el histórico Test de Howey.
La SEC argumenta que la mayoría de los proyectos de criptomonedas modernos, especialmente aquellos que realizan ofertas iniciales o dependen de un grupo centralizado de desarrolladores para generar valor, cumplen con las condiciones de un valor negociable y, por lo tanto, deben registrarse ante la agencia.
Este cambio obligaría a los emisores de tokens a actuar de manera distinta con presentaciones que hoy son una excepción y no una regla en la industria cripto, tales como:
La reacción de los principales actores del mercado fue de una cautela crítica, ya que temen que una aplicación excesivamente estricta de estas reglas pueda sofocar la innovación tecnológica en suelo estadounidense.
Plataformas de intercambio como Coinbase y Kraken señalaron en el pasado que las leyes de valores actuales, redactadas en la década de 1930, no son compatibles con la naturaleza técnica de la blockchain, donde las transacciones son instantáneas y no siempre dependen de un intermediario financiero.
Sin embargo, desde la SEC sostuvieron que la transparencia es el único camino para evitar fraudes masivos y esquemas Ponzi que afectaron a miles de inversores minoristas en los últimos años.
Otro de los puntos más debatidos de la nueva normativa es su alcance sobre las finanzas descentralizadas, conocidas como DeFi.
La propuesta sugiere que los protocolos que facilitan el intercambio de activos podrían ser clasificados como "exchanges" bajo la nueva definición, lo que obligaría a sus desarrolladores a implementar controles de identidad y reportes de actividad sospechosa.
Esta posibilidad generó fuerte resistencia en la comunidad de código abierto, que sostiene que es técnicamente imposible aplicar regulaciones de este tipo a redes que funcionan de forma autónoma a través de contratos inteligentes sin una entidad legal que las controle.