Legisladores del estado de Michigan presentaron un proyecto de ley que permitiría a los empleados estatales del servicio civil elegir recibir sus salarios en Bitcoin (BTC) u otras criptomonedas seleccionadas.

Esta iniciativa, liderada por el representante estatal Matt Maddock, republicano por Milford y vicepresidente del Comité de Apropiaciones de la Cámara baja, propone modificar la Ley de Pago de Salarios y Beneficios Complementarios de 1978, incorporando la opción de compensación en monedas digitales para los trabajadores clasificados a partir del 1° de enero de 2027.

Michigan busca pagar sueldos en Bitcoin a empleados estatales

De esta forma, en el texto de la propuesta, los empleados podrían optar entre tres modalidades para cobrar su remuneración:

Por otro lado, el proyecto contempla una prohibición explícita del uso de monedas digitales controladas por gobiernos o bancos centrales, lo que excluye de facto a cualquier CBDC (Central Bank Digital Currency) dentro del esquema de pagos.

Si bien los ideadores de la medida aseguran que el objetivo es ampliar las opciones financieras de los trabajadores públicos y posicionar a Michigan como un estado pionero en materia de adopción de activos digitales, aún quedan interrogantes por resolver en torno a los aspectos técnicos.

Dentro de estas dudas, algunos ejemplos podrían ser la conversión, la custodia y el manejo de la volatilidad de estos activos, responsabilidades que recaerían en el Departamento del Tesoro y agencias administrativas en caso de aprobación.

El estado de Michigan (EE.UU.) propone el pago de salarios en Bitcoin a empleados estatales

En esta línea, la propuesta para permitir el cobro en Bitcoin forma parte de un paquete más amplio de iniciativas que buscan modernizar el marco regulatorio de activos digitales en el estado.

Entre ellas se encuentran proyectos que, establecerían una "carta de derechos" para activos digitales, limitando la capacidad de autoridades locales para prohibir el uso o tenencia de criptomonedas.

Por otro lado, otra idea apunta a abrir la puerta a inversiones de fondos de pensión en activos digitales de gran capitalización, e incentivar la minería de Bitcoin mediante el uso de pozos abandonados de petróleo y gas natural.

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