Representantes del gobierno estadounidense, del sistema bancario y de la industria cripto mantuvieron un nuevo encuentro en la Casa Blanca para analizar el encuadre regulatorio de las recompensas en stablecoins.
El encuentro se produjo en medio de negociaciones clave por la propuesta legislativa que busca definir la estructura del mercado de activos digitales y despejar incertidumbres normativas.
La discusión, que reúne a autoridades, prestamistas y al Crypto Council for Innovation (CCI), expone un punto de fricción central que condiciona el avance del proyecto de ley.
El encuentro retomó debates previos enfocados en determinar si las recompensas de stablecoins, también llamadas rendimientos o incentivos, pueden ofrecerse sin activar un encuadre regulatorio equivalente al aplicado a los depósitos bancarios tradicionales con intereses.
Este punto se volvió especialmente sensible porque los bancos sostienen que los tokens que incorporan incentivos económicos podrían desdibujar la frontera entre instrumentos digitales de pago y productos financieros equiparables a depósitos.
Desde el sector cripto, en cambio, advierten que una eventual prohibición de recompensas restaría competitividad a los tokens vinculados al dólar y podría desplazar innovación, inversión y desarrollo tecnológico hacia otras jurisdicciones fuera de Estados Unidos.
Tras la reunión, el director ejecutivo del CCI, Ji Hun Kim, sostuvo que el intercambio reflejó "un compromiso de trabajo enfocado" y confirmó que las partes prevén mantener nuevas instancias de diálogo.
Además, Kim afirmó: "La conversación se basó en reuniones anteriores para establecer un marco que sirva a los consumidores estadounidenses al tiempo que refuerza la competitividad de EE. UU.".
En esa línea, agregó: "El CCI y nuestros miembros siguen comprometidos con el compromiso constructivo necesario para impulsar una legislación que garantice que Estados Unidos lidere la innovación responsable en activos digitales".
Pese a los avances en el diálogo, no se anunció ningún acuerdo concreto tras la sesión y aún persiste la incertidumbre sobre si el CLARITY Act logrará destrabar este punto durante la actual sesión legislativa.
El secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, presionó para que el Senado avance con urgencia en la Ley CLARITY y apuntó contra el CEO de Coinbase, Brian Armstrong, por frenar su apoyo al proyecto.
Bessent responsabilizó a actores del sector por el estancamiento legislativo y advirtió que la falta de reglas claras compromete la viabilidad y la integración de las criptomonedas dentro del sistema financiero estadounidense.
Sus declaraciones llegaron en la previa de una reunión en la Casa Blanca entre empresas cripto y bancos para intentar destrabar el conflicto.
"Hay algunos actores recalcitrantes que dicen que es mejor no tener ninguna legislación que tener una legislación que no les gusta", señaló el secretario del Tesoro en alusión a la postura de Armstrong.
A mediados de enero, el ejecutivo de Coinbase retiró su respaldo al borrador impulsado por la Comisión Bancaria del Senado y afirmó que era preferible no aprobar una ley antes que avanzar con una que considere deficiente. Esa decisión profundizó el desacuerdo entre el sector privado y la administración.
"Para que las criptomonedas sigan siendo un activo digital viable y sigan avanzando, necesitamos que se apruebe esta Ley CLARITY", sostuvo Bessent.
La discusión se produce en la antesala de una reunión clave en la Casa Blanca entre empresas del ecosistema digital y entidades bancarias.
El encuentro busca destrabar el estancamiento político que arrastra el proyecto luego de conversaciones previas sin resultados concretos. Lo que allí se defina puede tener impacto directo en el mercado, sobre todo en el desarrollo de stablecoins dentro del país.
Uno de los focos más sensibles gira en torno a la posibilidad de que las fintech paguen rendimientos a usuarios mediante stablecoins y al acceso de estas compañías a los sistemas de pago de la Reserva Federal. En ese punto, la propuesta de "cuentas maestras limitadas" impulsada desde el banco central abrió una nueva fricción entre la banca tradicional y la industria cripto, que reclama mayor integración operativa.
Si ambas partes logran acercar posiciones, el Comité Bancario del Senado podría reactivar el tratamiento de la Ley CLARITY y devolver al debate una regulación considerada estratégica para el futuro del mercado cripto estadounidense. El desenlace no solo definirá el marco legal, sino también el ritmo de adopción y la competitividad global de la industria.