La reciente reglamentación de la Ley de Inocencia Fiscal por parte del Ejecutivo y la entrada en vigencia del Régimen de Declaración Jurada Simplificada del Impuesto a las Ganancias está marcando un punto de inflexión no solamente en la relación entre contribuyentes y el fisco argentino, sino también para diferentes actores de la economía digital, incluidos quienes operan con criptomonedas.
La reforma, impulsada dentro de la Ley 27.799, propone un nuevo paradigma tributario que abandona la presunción de evasión fiscal automática y privilegia, en teoría, una relación más predecible entre el contribuyente y el organismo recaudador, la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA).
La Ley de Inocencia Fiscal representa un cambio doctrinario: reemplaza la antigua lógica de sospecha de evasión por un enfoque que parte de la presunción de exactitud de las declaraciones juradas presentadas correctamente.
Bajo este régimen, las presentaciones fiscales que se ajusten a los parámetros establecidos por ARCA se consideran veraces por defecto, y el organismo debe demostrar una discrepancia significativa para iniciar una fiscalización más profunda.
Esto se traduce en menores riesgos de auditorías agresivas, siempre que el contribuyente cumpla con los requisitos y plazos de presentación y pago.
El corazón de la norma es el Régimen Simplificado de Ganancias (RSG), al que pueden adherir personas humanas y sucesiones indivisas con ciertos límites de ingresos y patrimonio:
Quienes opten por este régimen acceden a declaraciones juradas precargadas por ARCA, que pueden confirmar o ajustar antes de presentar y pagar.
Si se paga dentro de los plazos, se genera un efecto liberatorio: el fisco no puede reabrir ni reclamar por ese período, salvo que se detecten discrepancias objetivas y sustanciales.
Este esquema elimina la obligación de informar patrimonio y consumos, centrándose en ingresos facturados y deducciones permitidas, lo que reduce la exposición a revisiones retrospectivas sobre activos o transacciones previas.
Un concepto clave de esta reforma es el llamado "tapón fiscal": una barrera que limita la posibilidad de que ARCA fiscalice períodos ya regularizados cuando se cumple con la declaración simplificada y el pago respectivos.
Esta mecánica busca dar seguridad jurídica al contribuyente y evitar fiscalizaciones retroactivas extensivas.
Ligado a esto, el Gobierno busca incentivar que fondos que históricamente permanecieron fuera del sistema financiero —los denominados "dólares del colchón"— ingresen al circuito formal.
Si bien estos no constituyen un blanqueo en sentido técnico, la normativa provee un marco seguro para utilizarlos sin enfrentar perseguimientos penales automáticos, siempre que se cumpla con el régimen simplificado y se actúe de buena fe.
En términos generales, la Ley de Inocencia Fiscal no elimina la obligación de tributar por operaciones con criptomonedas ni exime automáticamente a quienes operan con cripto de declarar sus ingresos o ganancias.
Lo que hace es modificar el contexto tributario en el que operan estos activos, generando impactos que conviene analizar por separado:
Los ingresos derivados de compraventa, trading, yield u otras actividades con cripto usualmente constituyen ganancias sujetas al Impuesto a las Ganancias, y deben ser incluidos en la declaración anual cuando corresponda.
Aunque la normativa simplificada plantea un cálculo facilitado, la obligación de informar estas ganancias se mantiene si se tributa en Ganancias.
Esto significa que quienes ya tributan en Ganancias y adhieran al régimen simplificado pueden incluir sus ingresos por cripto bajo una declaración más simple, con menor riesgo de fiscalizaciones retrospectivas sobre periodos anteriores.
Una de las grandes novedades del régimen simplificado es que ARCA no analiza el incremento patrimonial, incluyendo depósitos o bienes, para verificar cumplimiento fiscal dentro del esquema simplificado.
Esto puede representar un alivio para quienes mantienen criptomonedas como reserva de valor o inversión, porque la autoridad no puede usar directamente el crecimiento patrimonial como base para iniciar una revisión en ese contexto.
Sin embargo, esto aplica solo dentro del régimen simplificado y si se cumplen todos los requisitos; fuera de ese marco, ARCA puede continuar verificando patrimonios y operaciones en un procedimiento fiscal estándar.
Para que los beneficios de la Inocencia Fiscal se activen plenamente, muchos procedimientos que impliquen intercambio de cripto a moneda fiat o transferencia de fondos suelen pasar por sistemas financieros formales. Es decir, cumplen un rol vital los proveedores de servicios de activos virtuales (PSAV) registrados ante CNV.
Esto puede implicar que, incluso si el régimen simplifica aspectos tributarios, la operativa cripto que acarrea movimiento de fondos hacia cuentas bancarias deberá lidiar con controles bancarios que siguen vigentes independientemente de la Inocencia Fiscal.
Si bien la Ley de Inocencia Fiscal ofrece ventajas en términos de predictibilidad y reducción de fiscalizaciones retrógradas, también no elimina totalmente la supervisión tributaria, ni exime de la responsabilidad de contar con contabilidad precisa y declaraciones correctas:
Para usuarios de criptomonedas, la posibilidad de simplificar la declaración de Ganancias, limitar fiscalizaciones retrospectivas y evitar el análisis de incremento patrimonial puede brindar un entorno fiscal más seguro y predecible —siempre y cuando se cumpla con las condiciones del régimen.
Sin embargo, no es un blanqueo ni una exención automática para activos digitales. La clave para que el impacto sea positivo radica en la adecuada evaluación de cada caso, la correcta inclusión de ingresos por cripto en las declaraciones y la planificación fiscal con profesionales expertos en tributación digital.