En búsqueda de prevenir el lavado de dinero y el financiamiento de terrorismo, la Unidad de Información Financiera (UIF) comenzará a controlar la emisión de tarjetas de crédito y débito y sus movimientos.
De esta forma, la entidad guardará la información por una década y permitirá conocer las regiones geográficas donde se utilizan los plásticos. La medida comenzará a tener vigencia a partir de fin de año.
La resolución correspondiente lleva el número 76, e indica que todas las emisoras de plásticos tendrán que evaluar antecedentes, actividades y comportamiento al inicio y durante toda la relación comercial.
También se obliga a tener datos sobre residencia, nacionalidad, estimado de ingresos, consumos, transacciones realizadas, patrimonio, actividad que realiza el cliente, si es persona jurídica o física y el medio de pago que use.
La tarjeta SUBE no será alcanzada por la medida.
Asimismo, las empresas, deberán cumplir evaluaciones de riego de lavado de activos o de financiamiento al terrorismo en relación a los canales de distribución y ventas, como por ejemplo, la operatoria por internet, distribución a través de dispositivos móviles y la operatividad remota, entre otros.
Por otro lado, la medida prevé que el cliente autorice a una empresa emisora de tarjetas a compartir su información con otras empresas obligadas a guardar control sobre lavado de activos o financiamiento el terrorismo, como pueden ser los bancos.