Una tormenta invernal que cubrió Washington D.C. forzó un giro inesperado en uno de los debates más relevantes para el futuro de las criptomonedas en Estados Unidos. El Comité de Agricultura del Senado postergó para el jueves 29 de enero de 2026, a las 10:30, la votación sobre la estructura del mercado de activos digitales, una instancia que el ecosistema seguía de cerca desde hacía meses.
El anuncio lo realizó el senador John Boozman, republicano por Arkansas y presidente del comité, a través de su cuenta oficial. La decisión pareció menor en lo formal, pero llegó en un contexto cargado de urgencias políticas, presiones del mercado y una amenaza latente de parálisis institucional.
La sesión debía marcar un punto de inflexión en la discusión regulatoria cripto, en momentos en los que la industria reclama reglas claras y previsibles para destrabar inversión y desarrollo tecnológico dentro del país.
El borrador que el comité analiza apunta a resolver una de las disputas más prolongadas del sector: la superposición de competencias entre la Comisión de Comercio de Futuros de Commodities (CFTC) y la Comisión de Valores y Bolsa (SEC).
La iniciativa propone otorgar a la CFTC una supervisión explícita sobre determinados activos digitales y retoma principios de la Ley de Claridad del Mercado de Activos Digitales (CLARITY). El objetivo es trazar límites más definidos entre commodities digitales y valores, una frontera que hasta ahora alimentó litigios, sanciones y ambigüedad regulatoria.
Durante años, esa falta de definiciones frenó el desembarco de capital institucional a gran escala y empujó a muchas empresas cripto a buscar jurisdicciones más predecibles fuera de Estados Unidos.
Si el comité aprueba el texto este jueves, el proyecto pasará al pleno del Senado. Allí aparece un desafío mayor. Para sortear eventuales bloqueos parlamentarios, la iniciativa necesita al menos 60 votos, un umbral exigente en un escenario político fragmentado.
El borrador actual refleja en gran medida la agenda republicana y todavía no consolida un respaldo bipartidista pleno. Ese equilibrio resulta clave para garantizar que cualquier avance regulatorio tenga estabilidad en el tiempo y no quede expuesto a vaivenes electorales.
Aun así, dentro del Congreso crece la percepción de que mantener el statu quo ya no es una opción viable, sobre todo frente al crecimiento sostenido del mercado cripto y su integración progresiva con el sistema financiero tradicional.
Desde el Poder Ejecutivo, la señal también resulta clara. La Casa Blanca impulsa una mayor claridad normativa para el sector, convencida de que la indefinición perjudica tanto a inversores como a desarrolladores locales.
Un avance legislativo permitiría reducir la incertidumbre jurídica que marcó la relación entre reguladores y empresas cripto en los últimos años. Para el mercado, eso podría traducirse en nuevas inversiones, mayor innovación y un marco más competitivo frente a otros centros financieros globales.
En el ecosistema, la postergación generó una reacción ambivalente. Predominó la cautela, pero también una expectativa que no se diluye.
"La claridad está llegando", sostuvo la senadora Kirsten Gillibrand, una de las voces que impulsa una regulación moderna para los activos digitales. Su mensaje encontró eco entre ejecutivos y desarrolladores que siguen el proceso legislativo paso a paso.
Desde Coinbase, Faryar Shirzad y Brett Tejpaul remarcaron que el foco no pasa por acelerar los tiempos a cualquier costo, sino por construir una ley con visión de largo plazo. En su mirada, una regulación mal diseñada puede frenar la innovación o consolidar ventajas para actores dominantes, en detrimento del ecosistema abierto que caracteriza a las criptomonedas.
El calendario agrega un factor adicional de presión. El financiamiento del gobierno federal vence el 30 de enero de 2026 y las negociaciones en torno al Departamento de Seguridad Nacional elevaron el riesgo de un cierre administrativo.
Plataformas como Polymarket asignaron a ese escenario una probabilidad cercana al 80%. Un cierre implicaría la suspensión de actividades no esenciales y podría afectar tanto el markup de esta semana como futuras instancias del debate legislativo cripto.
Para un mercado que busca señales de estabilidad, cualquier demora extra suma ruido y prolonga la incertidumbre. El clima ya forzó una postergación. La política ahora define si el proceso avanza o vuelve a quedar atrapado en el limbo regulatorio.