El sistema tributario argentino inicia el 2026 con una simplificación clave en los procesos de facturación. A través de la RG 5700/2025, se redefinió el régimen de identificación del consumidor final, estableciendo un parámetro único que busca agilizar las operaciones de alto volumen y reducir la carga administrativa de los comercios.
La modificación más relevante radica en la unificación del tope: la identificación del consumidor final solo es obligatoria cuando el importe de la operación sea igual o superior a $10.000.000.
Con esta medida, se eliminan definitivamente los umbrales diferenciados según el medio de pago (efectivo o electrónico) y la actualización automática por IPC que regía anteriormente.
Este nuevo criterio de $10.000.000 no solo aplica a las facturas convencionales, sino que se extiende de forma uniforme a:
En cuanto a los controladores fiscales, se eliminó la exigencia de emitir comprobantes electrónicos con datos del comprador por montos inferiores al umbral mencionado.
Solo corresponderá identificar al receptor y emitir factura electrónica cuando se supere dicho monto, alineando todos los soportes documentales bajo un único parámetro objetivo.
A pesar de la flexibilización general, la normativa mantiene restricciones específicas para el uso del sistema conocido como "Facturador". En este caso, se prohíbe su utilización cuando la operación individual supere los $500.000.
Para los monotributistas sociales, el tope es aún más reducido, fijándose en $250.000.
Estas limitaciones buscan que las operaciones de mayor escala se realicen a través de los sistemas tradicionales de facturación electrónica, garantizando un mayor control sobre las transacciones de volumen intermedio.
Finalmente, la norma aclara que se elimina la obligación de identificar al receptor cuando la operación ya esté alcanzada por un régimen particular que exija dicha identificación, evitando así la duplicidad de datos en el sistema.