La Cámara Federal porteña ordenó acelerar la investigación en la causa vinculada a la criptomoneda $Libra y dispuso incrementar los embargos sobre los bienes de los imputados, en un fallo que busca dar mayor impulso a un expediente que involucra a figuras de alto perfil político y económico.
La resolución fue adoptada en plena feria judicial y confirma la necesidad de recalcular los montos retenidos, al considerar que las medidas cautelares vigentes resultaban insuficientes frente a la magnitud de la maniobra investigada.
El tribunal, integrado por los jueces Leopoldo Bruglia y Pablo Bertuzzi, advirtió que la investigación no puede quedar supeditada únicamente a las restricciones patrimoniales y reclamó al juez de primera instancia avanzar con mayor celeridad en la producción de pruebas.
El caso $Libra se centra en el desplome de una criptomoneda creada por Hayden Davis, que habría sido utilizada para canalizar operaciones financieras irregulares por un volumen cercano a los u$s200 millones.
La investigación apunta a posibles dádivas y movimientos de dinero virtual que, según los fiscales, involucrarían directamente a funcionarios y empresarios de relevancia.
En este contexto, la Cámara Federal consideró que el embargo debe ajustarse a la escala real de la maniobra y reemplazar la inhibición general de bienes por un esquema más específico y proporcional.
La decisión también tiene un fuerte componente político, ya que el expediente mantiene bajo la lupa al presidente de la Nación, Javier Milei, y a otros actores vinculados al entorno oficial.
Los jueces remarcaron que las medidas cautelares no deben convertirse en una pena anticipada, pero sí garantizar que los bienes permanezcan disponibles para afrontar eventuales responsabilidades derivadas del proceso penal.
El fallo se inscribe en una serie de resoluciones recientes que buscan imprimir mayor dinamismo a causas complejas relacionadas con el uso de criptomonedas en operaciones financieras.
En este caso, la Cámara Federal dejó en claro que el avance de la investigación es prioritario y que las medidas patrimoniales deben acompañar el ritmo de las actuaciones judiciales.
El desafío ahora recae en el juez de grado, Marcelo Martínez De Giorgi, quien deberá acelerar la producción de pruebas y ajustar los embargos conforme a lo dispuesto por la Cámara.