Tras perder la fecha límite del jueves y postergarse hasta finales de mes, la Ley de Claridad del Mercado de Activos Digitales (CLARITY) se convirtió en un eje central del debate regulatorio cripto en Estados Unidos.
La iniciativa expone una disputa estructural sobre quién debe intermediar el rendimiento del dólar estadounidense onchain, enfrentando a protocolos DeFi y sistemas de pago con grandes bancos y custodios.
El último borrador del proyecto endureció las condiciones para ofrecer recompensas en stablecoins, generando fuertes críticas dentro del ecosistema cripto institucional y entre emisores de monedas estables.
Sus detractores advierten que la normativa podría empujar el crédito onchain fuera de Estados Unidos, debilitando la seguridad local y trasladando la innovación financiera a otras jurisdicciones.
Coinbase rompe filas y crece el rechazo cripto
La decisión de Coinbase de retirar su apoyo al proyecto esta semana evidenció el temor del sector, ya que el texto actual impone un modelo punitivo para DeFi y recompensas onchain.
El giro fue interpretado como una señal de que el compromiso regulatorio se inclinó hacia operadores tradicionales, dejando a protocolos abiertos en una posición desventajosa frente a bancos y grandes custodios.
El CEO de Coinbase, Brian Armstrong, sostuvo que era preferible "no tener ningún proyecto de ley que tener uno malo", remarcando el riesgo estructural que plantea CLARITY.
En la misma línea, el director jurídico de Variant Fund, Jake Chervinsky, afirmó que CLARITY es una ley que "duraría 100 años" y que "podemos tomarnos todo el tiempo que necesitemos para hacerlo bien".
El riesgo regulatorio del rendimiento onchain
Jakob Kronbichler, CEO y cofundador del mercado de crédito onchain Clearpool, advirtió que el "riesgo fundamental" de la Ley CLARITY es permitir que reguladores decidan dónde se autoriza el rendimiento.
El ejecutivo sostuvo que ese enfoque desplaza el debate desde la correcta gestión del riesgo hacia una asignación arbitraria de permisos, alterando el funcionamiento natural de los mercados de crédito onchain regulados.
"La demanda de rendimiento en dólares no desaparecerá por culpa de la legislación", afirmó Kronbichler, y agregó que restringir estructuras onchain conformes probablemente empuje la actividad hacia el exterior o intermediarios concentrados.
Según su análisis, ese escenario reduciría la diversidad del ecosistema y fortalecería a un pequeño grupo de actores ya establecidos, contradiciendo el objetivo de fomentar competencia y transparencia financiera.
Ron Tarter, CEO de la emisora de stablecoins MNEE y exabogado, coincidió con Kronbichler y alertó sobre consecuencias estratégicas para el liderazgo estadounidense en innovación financiera digital.
"Si las recompensas de las stablecoins se trasladan al extranjero en lugar de hacerse transparentes y cumplir con la normativa nacional, Estados Unidos corre el riesgo de perder tanto la innovación como la visibilidad en estos mercados".
Kronbichler advirtió que "esa elección determinará el desarrollo del crédito institucional onchain durante la próxima década", subrayando la magnitud del impacto potencial de la legislación actual.
Ron Tarter añadió que CLARITY intenta trazar una línea entre intereses pasivos y recompensas por actividad, destacando que el punto crítico es la frase "únicamente en relación con la tenencia".
Innovación, control y el límite de la regulación
Pese a las críticas, Kronbichler identificó un aspecto positivo: CLARITY "hace una distinción sensata al no tratar a los desarrolladores de software no custodial como intermediarios financieros".
Para el ejecutivo, esa diferenciación es clave para preservar la innovación y facilitar la participación institucional, evitando cargas regulatorias sobre actores que no controlan fondos ni parámetros de riesgo.
El verdadero desafío, explicó, es mantener las obligaciones de cumplimiento sobre entidades que controlan acceso, custodia o riesgos, y no trasladarlas a mantenedores generales de software.
Si esas líneas se vuelven difusas, advirtió, las mesas institucionales tendrán dificultades para evaluar responsabilidades legales y podrían evitar productos de crédito onchain orientados al mercado estadounidense.
Tarter coincidió en que la prueba de control del desarrollador será uno de los puntos más controvertidos y anticipó un debate intenso sobre software descentralizado y "situaciones en las que un pequeño grupo puede controlar materialmente los resultados".
