Vitalik Buterin cuestionó el proceso judicial contra Roman Storm y advirtió que el caso de Tornado Cash busca criminalizar el desarrollo de software y no castigar un delito financiero concreto.
El cofundador de Ethereum publicó una carta de apoyo al desarrollador, que espera sentencia en Estados Unidos tras ser condenado en agosto por conspiración para operar un servicio de transmisión de dinero sin licencia. Podría recibir hasta cinco años de prisión.
Storm fue acusado en agosto de 2023. El jurado solo lo declaró culpable por el cargo vinculado a transmisión de dinero y no alcanzó un veredicto sobre lavado de dinero ni violaciones de sanciones. Permanece en libertad bajo fianza.
"Tornado Cash no es el delito. El juicio apunta al acto de escribir software", planteó Buterin en su carta.
El desarrollador sostuvo que el proceso no gira en torno a un daño financiero directo, sino a la creación de una herramienta tecnológica.
Las autoridades de Estados Unidos aseguran que Tornado Cash, un mezclador de criptomonedas de autocustodia, fue utilizado para lavar más de u$s1.000 millones en fondos ilícitos.
Buterin reconoció ese uso, pero remarcó que el software también cumple funciones legítimas vinculadas a la privacidad.
El creador de Ethereum explicó que utilizó Tornado Cash para comprar herramientas técnicas y apoyar a organizaciones de derechos humanos sin que sus transacciones quedaran registradas en bases de datos corporativas o gubernamentales. Para él, la privacidad es una infraestructura básica en la era digital.
El respaldo también fue económico. En diciembre de 2024, Buterin donó 50 ETH al fondo legal de Storm, unos u$s170.000 al momento de la contribución.
La Fundación Ethereum sumó u$s500.000 y se comprometió a igualar hasta u$s750.000 adicionales.
En octubre de 2025, la Fundación Ethereum y Keyring lanzaron un fondo legal específico para desarrolladores de Tornado Cash. Solo en 2025, la defensa de Storm recaudó más de u$s6.390.000.
El caso se da en medio de una ofensiva global contra desarrolladores de herramientas de privacidad y reavivó el debate político en Estados Unidos sobre si escribir código puede considerarse un delito.