El Banco Central (BCRA) introdujo en las últimas horas medidas sorpresivas que refuerzan el control sobre los flujos de dólares y endurecen el cepo cambiario, tanto para los clientes individuales como para las entidades financieras.
A través de las Comunicaciones A 8361 y A 8360, la autoridad monetaria cerró una de las pocas brechas que quedaban para combinar el dólar oficial con operaciones financieras en moneda dura.
La consecuencia directa para el ahorrista y la empresa es una clara señal de mayor intervención y menos margen para maniobrar con bonos en dólares.
El objetivo principal, según los analistas, es blindar el mercado mientras el Tesoro Nacional busca financiamiento para afrontar vencimientos clave.
La Comunicación A 8361 modifica el régimen de acceso al mercado de cambios (MULC) para clientes. Esta norma impone una restricción cruzada de alto impacto.
A partir de esta medida, cada vez que una persona o empresa solicita acceso al dólar oficial, la entidad financiera debe pedirle al cliente una Declaración Jurada.
Allí, el cliente se compromete a no realizar compras de títulos valores con liquidación en moneda extranjera (operaciones tipo MEP o Contado con Liquidación) de forma directa, indirecta o por cuenta y orden de terceros.
El compromiso es doble y cubre un periodo de seis meses corridos:
Restricción previa: El cliente debe declarar que no hizo compras de bonos en dólares durante los 90 días anteriores a la solicitud del dólar oficial.
Restricción posterior: El cliente se compromete a no hacer compras de bonos en dólares durante los 90 días siguientes a la compra del dólar oficial.
En la práctica, si un ahorrista o una empresa compra dólar oficial (por ejemplo, para importación o para la cuota de ahorro), queda virtualmente desconectado del mercado financiero en dólares por seis meses corridos (90 días antes 90 días después). Esto representa un ajuste directo al cepo financiero.
Las excepciones a este bloqueo son mínimas y responden exclusivamente a los intereses del Tesoro Nacional y a la necesidad de atraer compradores para las licitaciones de deuda que buscan afrontar pagos de enero, que acumulan u$s4.300 millones.
Una de las excepciones más relevantes es la que beneficia a quienes ya poseen Títulos Públicos en dólares. Las personas humanas podrán reinvertir por un plazo de 15 días hábiles los intereses y la amortización de capital de los Títulos Públicos en dólares que cobren en enero sin ser alcanzados por la restricción cruzada.
Además, el asesor del Ministerio de Economía, Felipe Núñez, tuiteó que quienes compren dólares oficiales, podrán utilizarlos para suscribir en las licitaciones primarias del Tesoro. El objetivo del Gobierno, de la mano del Ministro Luis Caputo, es conseguir u$s1.000 millones a una tasa menor al 9%.
El BCRA también avanzó sobre los bancos a través de la Comunicación A 8360, que modifica la Posición Global Neta de Moneda Extranjera (PGNME), la regulación que controla la exposición de las entidades financieras al dólar.
La medida clave para los bancos es la obligación de congelar bonos del Tesoro por tres meses. Cuando un banco compra títulos del Tesoro en moneda extranjera por suscripción primaria (licitación) a partir del 10 de diciembre de 2025, no podrá venderlos en el mercado secundario sin afectar su PGNME hasta que transcurran 90 días corridos desde la compra.
Esto obliga a las entidades a inmovilizar esos bonos durante tres meses completos, lo que reduce su capacidad de rotación de activos y las empuja a soportar mayor riesgo de precio. El objetivo es claro: garantizar que el Tesoro encuentre compradores estables que no revendan de inmediato, afectando el precio de los dólares financieros (MEP y CCL).
Las dos comunicaciones se complementan y el resultado es una estructura más cerrada, con menos resquicios y claras señales de mayor intervención sobre el mercado de cambios, impactando en:
Menos opciones para dolarizarse de manera legal.
Más restricciones para operar libremente con bonos en dólares.
Bancos con menor autonomía para gestionar sus balances.
La foto final es la de un mercado financiero más blindado, más vigilado y con maniobra reducida, en un intento por contener la volatilidad mientras se asegura el financiamiento de la deuda.