El Parlamento británico aprobó la Property (Digital Assets etc) Bill, ley que establece que las criptomonedas y otros activos digitales, como las stablecoins, deben ser tratados como propiedad personal.
El anuncio fue realizado en la Cámara de los Lores por el Lord Speaker John McFall, quien confirmó que el proyecto ya tiene la aprobación formal del rey Carlos III, procedimiento que convierte a la iniciativa en ley.
Hasta ahora, los tribunales británicos reconocían a las criptomonedas como propiedad solo en decisiones puntuales. Con esta ley, su estatus se formaliza y se crea una categoría específica para activos como Bitcoin, stablecoins y NFTs.
La nueva ley refuerza la protección de quienes invierten o usan criptomonedas, al reconocerlas como propiedad y otorgarles derechos claros sobre sus activos digitales. Hasta ahora, su estatus legal en el Reino Unido era incierto, algo que complicaba la resolución de disputas y fraudes.
La claridad regulatoria podría convertir al Reino Unido en un polo de innovación digital, en un contexto donde la competencia internacional por captar inversiones tecnológicas es cada vez más fuerte.
Además, la iniciativa puede ser interpretada como un mensaje hacia otros países que todavía están discutiendo cómo regular las criptomonedas.
El sector cripto celebró la medida como un avance decisivo.
Freddie New, jefe de políticas del grupo de defensa Bitcoin Policy UK, posteó en X: "Convertirse en ley es un paso adelante masivo para Bitcoin en el Reino Unido y para todos los que lo poseen y utilizan aquí".
Y agregó: "Posiblemente el cambio más grande en la ley de propiedad inglesa desde la Edad Media".
Analistas consideran que la ley no solo brinda seguridad jurídica, sino que también favorece la atracción de empresas globales y el desarrollo de proyectos vinculados al ecosistema Web3.
Susie Ward, CEO de Bitcoin Policy UK, también destacó el impacto de la medida: "Ahora existe una tercera categoría de propiedad y finalmente otorga protección legal a los satoshis que posees".
Al reconocerlas como propiedad, el Reino Unido se posiciona como uno de los primeros grandes mercados en dar un marco legal sólido a estos activos, algo que podría influir en futuras legislaciones en Europa y otras regiones.