El Banco Popular de China reiteró una postura estricta contra criptomonedas y stablecoins, afirmando que los "activos virtuales" carecen de estatus legal y deben considerarse actividades financieras completamente ilegales en su territorio.
Durante una reunión de coordinación nacional, el organismo explicó que ninguna moneda virtual puede utilizarse como medio de pago válido, y cualquier transacción relacionada constituye una violación financiera sancionable.
El encuentro reunió autoridades del Ministerio de Seguridad Pública, el Tribunal Popular Supremo y la Administración del Ciberespacio, mostrando coordinación fortalecida para supervisar estrictamente los riesgos asociados al mercado digital.
Durante la reunión, el banco central destacó que todas las instituciones mostraron compromiso absoluto con decisiones del Partido Comunista y del Consejo de Estado, siguiendo rigurosamente directrices establecidas durante los últimos años recientes.
También señaló que estas entidades aplicaron medidas estrictas contra operaciones con monedas virtuales, cumpliendo plenamente el "Aviso sobre la prevención y el manejo de riesgos derivados del comercio y especulación con monedas virtuales".
Este aviso administrativo, considerado una pieza clave del marco legal chino, define actividades como el intercambio, comercio o intermediación de monedas virtuales como operaciones financieras ilegales sujetas a control regulatorio reforzado.
Además, advierte que las transacciones con criptoactivos representan riesgos significativos para consumidores debido a su volatilidad, falta de protección legal y dificultades para supervisar adecuadamente delitos dentro del ecosistema digital.
El banco central señaló que la cooperación entre organismos permitió resolver desafíos vinculados al mercado cripto, logrando avances importantes en supervisión, fiscalización y prevención de riesgos financieros dentro del país.
Aun así, fuentes cercanas indicaron que el banco detectó un repunte especulativo reciente, generando preocupación entre ciudadanos y autoridades por riesgos emergentes relacionados con nuevas prácticas ilícitas detectadas.
Este resurgimiento sugiere que ciertos actores buscan aprovechar vacíos regulatorios, impulsando tensiones adicionales que obligan a reforzar capacidades institucionales para contener riesgos financieros en evolución.
Funcionarios afirmaron que las criptomonedas no tienen estatus comparable al dinero tradicional, carecen de curso legal y no deben considerarse herramientas de pago legítimas dentro del sistema financiero nacional.
También subrayaron que toda operación vinculada con monedas virtuales constituye actividad financiera ilegal, incluyendo compra, venta, intermediación, captación de fondos y oferta de servicios asociados.
Las autoridades advirtieron que incluso las stablecoins presentan riesgos relevantes porque pueden facilitar estafas, recaudación ilegal de fondos y movimientos transfronterizos utilizados para lavado de dinero.
Las autoridades sugirieron a todas las organizaciones seguir lineamientos del Socialismo con Peculiaridades Chinas para la Nueva Era, aplicando directrices estratégicas destinadas a reforzar la gobernanza financiera y prevenir riesgos sistémicos crecientes.
El Banco Popular de China solicitó implementar plenamente decisiones del XX Congreso Nacional del Partido Comunista, remarcando que la prevención de riesgos debe mantenerse como eje central del sistema financiero nacional.
Respecto a criptomonedas, se exigió aplicar políticas activas contra las actividades ilegales asociadas, fortaleciendo la supervisión institucional y aumentando la capacidad de respuesta ante amenazas emergentes provenientes del ecosistema digital.
Se destacó la importancia de mejorar coordinación interinstitucional, optimizar flujos de información, perfeccionar normas operativas y desarrollar herramientas tecnológicas para monitorear actividades sospechosas en tiempo real.
Las autoridades ordenaron intensificar acciones contra delitos financieros vinculados a criptoactivos, protegiendo la estabilidad económica, la seguridad del sistema monetario y los derechos de propiedad de los ciudadanos.
El banco central concluyó que será necesario profundizar la cooperación institucional y robustecer los marcos regulatorios para enfrentar los desafíos digitales, resguardar integridad del mercado y asegurar cumplimiento estricto de las leyes financieras nacionales.