El auge de las fintech argentinas, que en los últimos años impulsó la digitalización de pagos y el acceso al crédito en todo el país, enfrenta un obstáculo estructural que amenaza con frenar su crecimiento: la elevada y desigual presión impositiva provincial.
Un nuevo estudio de la Cámara Argentina Fintech (CAF) revela que las empresas del sector pagan, en promedio, una alícuota del 6,4% en concepto de Ingresos Brutos (IIBB), cifra que las ubica entre las actividades más gravadas del país.
Se trata de una carga que supera ampliamente la que enfrentan rubros tradicionales como Comercio o Servicios, que suelen tributar entre 3% y 5%, según la jurisdicción.
El informe, titulado Mapa de presión fiscal a la digitalización de la economía, advierte que esta estructura impositiva encarece los servicios financieros digitales y también:
Mario López, presidente de la CAF, subraya que "la estructura tributaria actual limita el desarrollo de la economía digital y afecta tanto a empresas como a usuarios. Es urgente avanzar hacia un marco fiscal que fomente la formalización y la inclusión financiera".
El estudio indica fuertes diferencias entre jurisdicciones. En la categoría de "muy alta presión", se ubican La Pampa y Santa Fe (9%), seguidas por Jujuy (8%), La Rioja (7,3%), Tucumán, Entre Ríos, Buenos Aires y Neuquén (7%).
En un escalón intermedio aparecen Catamarca (6,9%), Córdoba y Chaco (6,8%), Ciudad Autónoma de Buenos Aires y Chubut (6,5%), Mendoza (6,3%), Río Negro (6%), y un grupo de provincias con cargas de entre 5% y 5,5%. Solo San Juan (4,8%) y Tierra del Fuego (3,5%) muestran niveles considerados "moderados".
A esa dispersión se suman regímenes especiales en distritos como Córdoba, Jujuy y Santa Fe, que bajo el argumento de precisar las actividades del sector, terminan incrementando las cargas efectivas.
En Córdoba, por ejemplo, las operaciones de crédito tributan un 7%, pero sobre esa base se aplica una contribución adicional del 80%, algo que eleva el costo real a casi 9%.
En Jujuy, las plataformas de pagos digitales tributan 8%, mientras que en Santa Fe, las billeteras virtuales pagan 9%, salvo los comercios adheridos a programas de incentivo, que acceden a una reducción parcial.
"Las diferencias entre provincias afectan la competitividad y desincentivan la inversión en las jurisdicciones con alícuotas más elevadas. También generan incertidumbre regulatoria y mayor carga administrativa", advierte el informe de la CAF.
El impacto de este esquema no recae únicamente sobre las empresas. Según el relevamiento, la presión impositiva se traslada en forma directa a los consumidores, que enfrentan tasas de crédito más altas y comisiones más elevadas por los servicios de pagos digitales.
Cada punto adicional en la alícuota de IIBB puede aumentar entre 0,2 y 0,4 puntos porcentuales el costo del financiamiento, según estimaciones del sector. Esto golpea de manera particular a los emprendedores y comercios que dependen de soluciones fintech para operar o financiar su capital de trabajo.
Además, los especialistas alertan que esta estructura desalienta la formalización: a mayor carga tributaria, más empresas y profesionales optan por operar fuera del sistema, y reducen así la base imponible y perpetuando un círculo de informalidad.
"Además de la carga impositiva directa, estan las complicaciones administrativas", advierte a iProUP Virginia Giordano, economista y jefa de investigaciones de IDESA. Y agrega: "Los regímenes como el SIRTAC y el SIRCREB no solo imponen retenciones, sino que generan distorsiones operativas importantes".
Para Giordano, "la acumulación de retenciones en las transacciones electrónicas, especialmente en transferencias y pagos con tarjetas, eleva los costos operativos y afecta la liquidez de los comercios".
"A esto se suma la dificultad para recuperar los saldos a favor que surgen por estas retenciones, lo que genera un proceso administrativo complejo y desincentiva el uso de canales formales de pago", completa.
La Cámara Argentina Fintech plantea tres líneas de acción concretas para revertir esta situación. En primer lugar, reducir la presión tributaria sectorial, alineando las alícuotas con las de otros servicios convencionales.
En segundo término, armonizar las normativas provinciales para crear un régimen nacional consensuado que elimine la actual dispersión. Finalmente, propone simplificar el marco regulatorio, para disminuir los costos de cumplimiento y evitar superposiciones impositivas.
"Gravar los ingresos brutos sin permitir la deducción de costos afecta de manera regresiva a las compañías. Esta estructura distorsiona precios, incrementa los costos operativos y golpea especialmente a pymes y emprendedores", señala el reporte.
El documento concluye que una reducción de apenas un punto en la carga promedio del IIBB podría mejorar sensiblemente la rentabilidad del sector, facilitar el acceso al crédito y reducir los costos financieros para millones de usuarios.
Para Virginia Giordano, en tanto, "no alcanza con reducir la alicuota". Y argumenta: "Una propuesta como la de de un 'super IVA' de base amplia, que reemplace estos impuestos y tasas distorsivos, podría simplificar el sistema tributario, reduciendo la presión fiscal sobre los comercios y fomentando la adopción de medios de pago electrónicos".
Y subraya: "Esto no solo impulsaría la formalización de la economía, sino que también fortalecería la inclusión financiera y la eficiencia fiscal".