Un nuevo sistema global evaluará el historial de criptomonedas para impedir que fondos sospechosos entren al sistema financiero tradicional
16.08.2025 • 08:00hs • Vigilancia
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Bancos centrales impulsan un sistema global para puntuar y controlar transacciones con criptomonedas
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El Banco de Pagos Internacionales (BIS) publicó un boletín donde sugiere combatir el lavado de dinero en bitcoin y otras criptomonedas mediante un "puntaje de cumplimiento" que clasifique monedas digitales y stablecoins.
La propuesta consiste en evaluar estos activos según el historial de sus transacciones, aprovechando la transparencia de las redes blockchain para detectar operaciones sospechosas vinculadas a actividades ilícitas dentro del ecosistema cripto.
El BIS, que agrupa a 63 bancos centrales y autoridades monetarias, plantea bloquear la conversión de estos fondos a dinero fíat a través de exchanges y bancos tradicionales en todo el mundo.
Buscan frenar el lavado cripto con puntaje de cumplimiento
Aunque el Banco de Pagos Internacionales aclaró que el contenido del boletín refleja opiniones independientes de sus autores, el documento critica la poca eficacia de las medidas bancarias tradicionales frente al ecosistema cripto descentralizado.
En lugar de depender de intermediarios, los autores proponen aprovechar la trazabilidad pública de las redes blockchain para asignar una especie de calificación de "higiene" a cada activo digital según su historial de circulación y origen.
Este mecanismo colocaría la carga de control en los llamados puntos de salida, exigiendo a exchanges, bancos y emisores de stablecoins verificar ese puntaje antes de permitir la conversión a monedas fíat como dólares o euros.
La metodología consistiría en una escala del 0 al 100, que indicaría qué tan probable es que ciertos fondos estén conectados con actividades delictivas como hackeos, mezcladores o sitios ilegales en la darkweb.
Los activos con altas calificaciones corresponderían a billeteras previamente verificadas a través de procesos de identidad (KYC), incluidas en una "lista blanca" confiable y libre de vínculos con conductas cuestionables o criminales.
En contraposición, aquellos con calificación baja se asociarían a wallets presentes en una "lista negra", comúnmente relacionadas con delitos informáticos o comportamientos ilícitos dentro del ecosistema cripto y fintech global.
Este enfoque permitiría filtrar fondos según su nivel de riesgo: los activos con puntajes altos circularían libremente, mientras que los más sospechosos enfrentarían restricciones para integrarse al sistema financiero tradicional.
¿Cómo funcionaría el puntaje de cumplimiento?
El BIS propuso un sistema global que imponga un umbral mínimo de cumplimiento antilavado (AML) por jurisdicción, trasladando la responsabilidad y el riesgo directamente a los usuarios de criptomonedas, sin importar el tipo de wallet utilizada.
El documento plantea que los usuarios deberán adaptarse a un ecosistema con nuevas reglas, donde incluso su actividad pasada será evaluada para permitir o bloquear el uso de sus activos digitales.
A continuación se detallan los principales cambios:
- Las carteras de autocustodia pierden su blindaje tradicional: aunque se mantenga el control sobre las llaves privadas, al intentar convertir criptomonedas a dinero fíat, los fondos serán escaneados según su historial, lo que debilita la autonomía que ofrecía esta forma de custodia.
- Los exchanges podrán rechazar fondos de origen dudoso: si un bitcoin o stablecoin proviene de una dirección vinculada a actividades sospechosas, el exchange tendrá autoridad para bloquear depósitos o retiros, afectando el acceso a liquidez y limitando la operación del usuario.
- Más exigencias en los procesos de verificación KYC: para mantener un puntaje de cumplimiento aceptable, los usuarios podrían necesitar pasar verificaciones de identidad incluso entre sus propias wallets, dificultando la operativa cotidiana y encareciendo el uso de criptomonedas.
El "deber de diligencia" obligaría a cada usuario a analizar el origen de los fondos que recibe, ya que una sola transferencia contaminada puede afectar el puntaje completo de su cartera cripto.
Esto implicaría mayores costos, ya que los usuarios dependerían de servicios externos para rastrear el historial de sus activos antes de aceptarlos o convertirlos a monedas fíat en plataformas reguladas.
La propuesta revela un esfuerzo por insertar la lógica regulatoria dentro de cada transacción, lo cual amenaza con sustituir la soberanía digital por una vigilancia permanente sobre el historial de cada unidad de valor.
