El gobierno del Reino Unido evalúa vender más de 61.000 Bitcoin (BTC) que tiene en su poder como resultado de operaciones contra delitos financieros, con el objetivo de reducir el creciente agujero fiscal.
La medida, impulsada por la ministra de Hacienda de la nación europea, Rachel Reeves, apunta a recaudar al menos 5.000 millones de libras esterlinas mediante una venta masiva del activo digital.
Actualmente, y según datos de BitcoinTreasuries, el Reino Unido posee 61.245 BTC, un volumen que, al precio actual (118.300 dólares por unidad, según indica la pizarra de Binance), supera los 7.270 millones de dólares.
Estos activos provienen de incautaciones realizadas en la última década. El caso más destacado se remonta a 2018, cuando la policía confiscó 61.000 BTC relacionados con un esquema de fraude de origen chino que operaba desde suelo británico.
La iniciativa surge en un contexto de alta presión fiscal, con una economía marcada por el endeudamiento elevado, bajo crecimiento y tasas de interés en aumento.
Según analistas económicos, el Tesoro necesitaría entre 15.000 y 20.000 millones de libras antes de octubre para afrontar sus compromisos presupuestarios.
En respuesta, el Ministerio del Interior del Reino Unido comenzó a desarrollar un sistema formal de almacenamiento y liquidación de criptoactivos.
Hasta ahora, las ventas de monedas digitales incautadas estaban a cargo de las fuerzas policiales, bajo protocolos operativos específicos. Pero la urgencia de recaudar ha llevado al gobierno a buscar una estructura más centralizada para gestionar estos fondos.
El objetivo es monetizar los activos digitales como medida inmediata para aliviar la presión sobre las finanzas públicas. Sin embargo, la estrategia conlleva riesgos.
Un antecedente reciente es el de Alemania, que vendió 50.000 BTC en 2024 cuando la cotización era de 57.000 dólares, obteniendo 2.850 millones de dólares.
Si hubiese esperado al precio actual, habría duplicado esa cifra. La decisión alemana pone en evidencia la tensión entre necesidad fiscal y visión a largo plazo.
A pesar de estas advertencias, desde el Reino Unido parece primar una visión pragmática: obtener liquidez sin recurrir a una suba generalizada de impuestos, algo difícil de implementar en el actual escenario político.