El gobierno de Estados Unidos, a través de la Oficina del Representante Comercial (USTR, por sus siglas en inglés), dio inicio a una investigación formal contra Brasil por presuntas políticas que perjudican a empresas extranjeras.
Uno de los ejes centrales de la pesquisa es PIX, el sistema de transferencias inmediatas desarrollado por el Banco Central de Brasil, que se impulsa de forma que beneficia a compañías nacionales y afecta a competidores internacionales.
En un informe difundido el 15 de julio, el organismo norteamericano aseguró que Brasil "parece participar en una serie de prácticas desleales" con respecto a los servicios de pago electrónico, incluyendo la promoción de sus servicios desarrollados por el gobierno.
Además de PIX, el reporte señala otros focos de preocupación, como el comercio electrónico, los aranceles a las importaciones, la deforestación ilegal, la industria del etanol y un trato desfavorable hacia firmas estadounidenses.
Incluso hace mención a la popular Rua 25 de Março en San Pablo, descrita como "uno de los mayores mercados de productos falsificados durante décadas".
La USTR también apuntó contra la ineficiencia en la aplicación de la ley en el país sudamericano y la escasa efectividad de las sanciones, lo que —según el informe— contribuye a un entorno propicio para la piratería y la infracción de derechos de propiedad intelectual.
La investigación fue avalada por el entonces presidente Donald Trump y comunicada públicamente por Jamieson Greer, el representante comercial de EE.UU., quien señaló que Brasil aplica políticas perjudiciales para firmas estadounidenses, especialmente en el ámbito de las redes sociales.
La iniciativa se ampara en la Sección 301 de la Ley de Comercio de 1974, una normativa que permite imponer represalias comerciales. De hecho, el anuncio se produjo pocos días después de que el gobierno norteamericano confirmara la aplicación de aranceles del 50% sobre productos brasileños a partir del 1° de agosto.
Especialistas advierten que el avance de esta causa podría allanar el camino a nuevas restricciones en el intercambio bilateral, lo que elevaría aún más la tensión económica entre ambos países.
A modo de respuesta, el gobierno del presidente Luiz Inácio Lula da Silva salió a defender con firmeza el sistema de pagos instantáneos PIX.
El vicepresidente brasileño, Geraldo Alckmin, quien también se desempeña como ministro de Desarrollo, Industria, Comercio y Servicios, calificó a PIX como "un modelo exitoso" y minimizó las acusaciones de Washington: "Lo que tenemos que resolver es el problema arancelario con Estados Unidos, porque a este nivel es injustificado. Es una situación en la que todos pierden".
La controversia se intensificó luego de que el representante comercial estadounidense incluyera a PIX en una investigación bajo la Sección 301, que evalúa prácticas que podrían restringir el comercio digital y los servicios de pago electrónico.
Según el gobierno de EE.UU., el carácter público y gratuito de PIX genera barreras para empresas como Visa y Mastercard, afectando su competitividad en el mercado brasileño.
Desde Brasil, la respuesta no se limitó a declaraciones institucionales. La cuenta oficial del gobierno en Instagram publicó un mensaje directo: "Parece que el PIX viene causando celos importantes en el exterior. Enviaron una carta protestando por la existencia de nuestro sistema seguro, sigiloso y sin tasas. Brasil es soberano y tenemos orgullo de los más de 175 millones de usuarios del PIX".