El presidente de Estados Unidos Joe Biden presentó su propuesta de presupuesto para el año fiscal 2025, en la que plantea tres cambios significativos en la regulación federal de las criptomonedas.
Aunque algunos son positivos, como la adaptación de regulaciones de valores existentes a las monedas digitales, uno generó gran controversia: un impuesto especial sobre la minería.
En primer lugar, la propuesta busca eliminar una laguna fiscal que permite a los traders de criptomonedas deducir pérdidas en activos que venden y recompran rápidamente.
Además, pretende implementar reglas de no reconocimiento de préstamos de seguridad para préstamos de activos criptográficos negociados activamente.
Este primer cambio simplemente extiende las reglas existentes para la negociación de acciones y bonos al ámbito de las criptomonedas.
Por ejemplo, las acciones vendidas con pérdidas no pueden recomprarse en menos de 30 días, evitando prácticas de lavado de operaciones.
La segunda modificación se orienta en la misma dirección, aplicando regulaciones de valores al comercio de criptomonedas, debido a las similitudes entre ambos mercados financieros.
Ambas propuestas reflejan la expansión de la regulación sin la creación de nuevas entidades o cargas innecesarias para la emergente industria criptográfica.
El punto más controvertido de la propuesta de Biden es el nuevo impuesto a la minería de criptomonedas.
La minería es fundamental para las criptomonedas descentralizadas, ya que provee el incentivo para mantener y actualizar el libro mayor de Bitcoin.
Sin ella, las criptomonedas necesitarían de un sistema centralizado.
La propuesta de Biden establece un impuesto del 30% sobre la electricidad utilizada en la minería de criptomonedas, sin distinguir su origen, lo que incrementaría considerablemente los costos de operación en Estados Unidos y podría llevar a los mineros a trasladar sus operaciones al extranjero.
Este plan, aparentemente dirigido a abordar preocupaciones ambientales, no diferencia entre electricidad sostenible y no renovable, y su tasa impositiva es excesiva, lo que podría incentivar la mudanza de mineros a países con regulaciones más favorables.
La administración Biden debería reconsiderar esta propuesta, evitando poner en riesgo la competitividad de Estados Unidos en el ámbito de las criptomonedas. Con un enfoque más equilibrado y sensato, se podrían implementar reformas beneficiosas para el sector.