Argentina está en vías de establecer regulaciones más estrictas para las plataformas de criptomonedas mediante una orden ejecutiva. Informes indican que el presidente Javier Milei planea emitir un decreto para cumplir con estándares del GAFI.
Específicamente, el decreto retomaría una propuesta legislativa previa de la administración anterior, que planteaba exigencias rigurosas para las empresas de criptomonedas y conferiría a la Comisión Nacional de Valores de Argentina (CNV) la facultad de supervisar el sector.
Estos intentos regulatorios, que ya generaron críticas entre los actores de la industria local de criptomonedas, surgen a menos de dos semanas de la visita de los funcionarios del GAFI al país, programada para el 6 de marzo, con el propósito de evaluar los progresos de Argentina en la prevención de actividades financieras ilícitas.
En 2022, la CNV, principal entidad de supervisión y regulación de los mercados financieros en Argentina, presentó una propuesta de reforma a la ley de prevención del lavado de activos, abarcando áreas como las criptomonedas.
La propuesta, enviada por el gobierno de Alberto Fernández y aprobada por la Cámara de Diputados en 2023, busca ampliar la lista de entidades bajo supervisión, incluyendo a los proveedores de servicios de activos virtuales (PSAV) como sujetos obligados, siguiendo las directrices del GAFI.
La versión original del proyecto de ley proponía establecer un registro nacional para los PSAV, implicando que los intercambios de criptomonedas, incluso los extranjeros, necesitarían una licencia para operar en la Argentina.
Además, contemplaba fortalecer los poderes de la Unidad de Información Financiera (UIF), otorgándole autonomía y transformándola en un ente descentralizado de la Administración Pública Nacional.
También, la propuesta designaría a la CNV como el principal organismo supervisor de los intercambios de criptomonedas, especialmente los PSAV, con el fin de mejorar la transparencia, la trazabilidad y la vigilancia de las transacciones y usuarios de criptomonedas en Argentina.
Con estas nuevas regulaciones, las plataformas de intercambio de monedas digitales también estarían obligadas a suministrar información a la unidad nacional de inteligencia para cumplir con las leyes contra el lavado de dinero.
Esto requeriría que los proveedores de servicios de criptomonedas elaboren informes de riesgo y denuncien movimientos sospechosos.
El año pasado, el avance del proyecto de ley se detuvo después de encontrar oposición en el Senado.
No obstante, el Gobierno parece trabajar de forma activa para agilizar la aprobación de las reformas exigidas por el GAFI antes de su próxima revisión, la primera en más de diez años. El objetivo es evitar que Argentina sea incluida en la lista negra de países que no cumplen con la lucha contra el lavado de dinero, el terrorismo y el narcotráfico, según informó La Nación.
La ONG Bitcoin Argentina expresó su rechazo a la emisión del DNU para el nuevo marco regulatorio. En un comunicado, la ONG reconoció algunas pautas pero objetó la exigencia de una licencia por parte del regulador de valores argentino para los intercambios de criptomonedas. "No es necesaria otra ley para esto", sentenciaron.
"Lo que la ONG rechaza es que con la excusa de seguir lineamientos del GAFI se introduzcan medidas que atentan contra la libertad en la comercialización de Bitcoin y que restringen el acceso al mercado de criptoactivos, que han sido refugio de valor y garantía para la libertad de trabajo de miles de ahorristas y de freelancers durante todos estos años de inflación y de medidas de arbitraria restricción monetaria", declaró el presidente de la entidad, Ricardo Mihura.
La organización estuvo oponiéndose a la reforma, ya que la considera un "golpe no justificado a la criptoeconomía" y alerta que su aprobación podría ser peligrosa para el principiante sector de criptomonedas del país.
Se prevé que la orden ejecutiva sea emitida antes de la visita del GAFI el 6 de marzo.