A través de una presentación de más de 30 páginas, el Poder Ejecutivo, mediante la Secretaría de Trabajo, fundamentó los motivos por los cuales el fallo amparado en la presentación de la CGT debería quedar sin efecto.
En este sentido, el Gobierno apeló el fallo de una jueza de feria que declaró inválidos seis artículos del DNU de desregulación de la economía vinculados con los derechos de los trabajadores. Mientras, el presidente Javier Milei juega sus cartas y apunta a lo que pasará en el Congreso con la ley ómnibus.
La semana pasada, la jueza Liliana Rodríguez Fernández hizo lugar parcialmente a una acción de amparo de la CGT y declaró la invalidez de los artículos 73 (retención de la cuota sindical); 79 (negociación colectiva); 86 (cláusulas obligacionales); 87, 88 y 97 (servicios esenciales y modalidad de protestas).
En otro pasaje de la presentación del Ejecutivo de este lunes, el escrito indica: "La indiferencia al entendimiento de la situación y la anteposición de intereses particulares por sobre los de la Nación, pone en riesgo la subsistencia misma de la organización social, jurídica y política constituida, afectando su normal desarrollo en procura del bien común".
En esta línea, para el Gobierno, "el legal y legítimo ejercicio del derecho a huelga ha quedado desnaturalizado por completo". Por eso, "el derecho constitucional a huelga ha quedado en las últimas décadas convertido en una instancia de violencia, de irrespetuosidad al derecho de otros; diríamos que quedó enmarcado en el ejercicio abusivo del derecho", remarcaron en la presentación.
"El ejercicio de ese derecho constitucional y supraconstitucional no puede ser llevado a cabo en forma violenta ni tampoco abusiva, es decir, con medidas adicionales que avasallen los derechos de otros sujetos de un modo innecesario para el despliegue de la huelga. Que en definitiva es lo que viene a reglar el DNU", destacó el documento.
Después de diversas especulaciones, el Gobierno de Javier Milei confirmó hoy que el Ente Nacional de Comunicaciones (Enacom), encargado de regular y garantizar los servicios de comunicación en Argentina, será intervenido.
La decisión fue anunciada a través de un comunicado de la Jefatura de Gabinete, entidad bajo cuya órbita operaba la agencia desde el comienzo de la gestión libertaria.
Se espera que la intervención sea oficializada este lunes con la publicación correspondiente en el Boletín Oficial.
En el comunicado emitido por la dirección a cargo de Nicolás Posse, se expusieron las razones detrás de la intervención del Ente Nacional de Comunicaciones (Enacom) y se anunció el nombramiento del nuevo titular, Juan Martín Ozores, consultor y ex empleado de Movistar.
A él se sumarán dos adjuntos: Patricia Roldán, abogada con tres décadas de experiencia en organismos estatales, y Alejandro Pereyra, exdirector del Enacom durante la gestión de Mauricio Macri.
Desde la Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología, liderada por Alejandro Cosentino y dependiente de la Jefatura de Gabinete, subrayaron que la intervención es una fase transitoria esencial para el reajuste del organismo.
El comunicado detalla que la intervención incluirá una auditoría de los fondos públicos destinados a la promoción y fomento de la actividad, con el objetivo de lograr un uso más racional y transparente.