El Gobierno envió al Congreso el texto de la ley ómnibus, al que le realizó cambios a partir de la discusión en Cámara de Diputados y en la sociedad sobre el articulado del proyecto, que incluye un blanqueo cripto, para abarcar un universo de u$s100.000 millones en activos digitales que tienen los argentinos, según estimaciones de Chainalysis.
Los bienes que está previsto que se blanqueen dentro de Argentina son dinero en efectivo, participaciones accionarias, inmuebles, títulos valores (bonos, acciones, entre otros) y activos intangibles, a saber:
A estos se suman las tenencias en criptomonedas. De todos modos, la normativa prevé que en ningún caso se puedan blanquear fondos en paraísos fiscales. El plazo para adherirse será de 90 días corridos, contados a partir de la publicación de la ley en el Boletín Oficial.
Juan Pablo Fridenberg, director de Asuntos Públicos en Lemon, indica a iProUP que "en materia de criptoactivos, el proyecto solo indica que son activos susceptibles de exteriorización, sin importar quién ha sido su emisor o dónde estuvieran depositados, custodiados o guardados, y que se deberán considerar a valor de mercado a la fecha de regularización o a su valor de adquisición, el que fuera mayor".
"Hay un aspecto llamativo vinculado a la valuación: la iniciativa exige considerar el mayor precio entre el del momento de adquisición y regularización, discriminando su tratamiento con relación a otros activos, que deben valuarse a valor de mercado a la fecha de regularización", aclara.
Fridenberg asegura que "los beneficios para criptoactivos son iguales que para otros tipos de activos incluidos", puntualiza.
"Esto quiere decir que los activos exteriorizados no se considerarán incrementos patrimoniales no justificados, y a los sujetos comprendidos se los libera de toda acción civil, comercial, penal tributaria, penal cambiaria, penal aduanera e infracciones administrativas que pudieran corresponder por los bienes declarados", recalca.
El experto advierte que también "se los exime de otras consecuencias tributarias. En contrapartida, quienes exterioricen activos por más de u$s100.000 deberán integrar un impuesto especial de entre el 5% y el 10%, según la etapa en que decidan ingresar al régimen".
Según Fridenberg, "este blanqueo puede ser una medida interesante y necesaria, especialmente por los cambios interpretativos publicados por la AFIP en los últimos años sobre la gravabilidad de los criptoactivos en Bienes Personales".
Sin embargo, remarca: "Las ventajas son coyunturales para alguna persona que tenga contingencias impositivas, pero el ecosistema cripto argentino necesita una regulación estratégica en materia tributaria, que le permita competir con jugadores internacionales como Binance".
"El proyecto de ley, si bien clasifica a activos virtuales como 'bienes en el exterior', aclara que son susceptibles de regularización 'sin importar quién ha sido su emisor, quién es su titular o dónde estuvieran depositados, custodiados o guardados'. Y no distingue ni discrimina el tratamiento para bienes en el país y en el exterior", considera.
De todos modos, el ejecutivo recuerda que "los acuerdos de intercambio de información automáticos vigentes no incluyen activos virtuales. Esto es algo que se proyecta recién para 2027, con el Marco de Comunicación de Información sobre Criptoactivos (CARF) aprobado recientemente por la OCDE".
Fridenberg apunta que "quedará pendiente un capítulo tributario en la regulación de los criptoactivos, que fomente el crecimiento del ecosistema en un entorno cada vez más seguro y accesible para los tenedores de criptomonedas y nuevos usuarios e inversores".
"A ello apunta la propuesta de Reforma Tributaria presentada desde Lemon e impulsada a través de la Cámara Argentina Fintech. Además, una vez que se apruebe la ley, habrá que esperar a la reglamentación para conocer varios aspectos operativos del blanqueo", alerta.
Pablo Rutigliano, CEO de la Cámara Latinoamericana del Litio MMArg, Atómico 3, dice a iProUP: "En el marco del Régimen de Regulación Excepcional de Obligaciones Impositivas, es esencial identificar de forma precisa a los sujetos afectados, definir plazos y desarrollar mecanismos regulatorios que aborden la complejidad de este ámbito emergente".
"Un aspecto clave se centra en la definición precisa de activos digitales y criptomonedas, reconociendo su complejidad, factores que eclipsan su función tradicional como reserva de valor. Es crucial comprender la envergadura económica que respalda un mercado criptográfico en constante proceso de digitalización", afirma.
Además, remarca que "en el actual contexto, la urgencia de reunir fondos para cumplir con compromisos financieros, especialmente los heredados del gobierno anterior y establecidos por el FMI, relegó la regulación de las criptomonedas a un segundo plano".
"Al considerar la normativa internacional y el blanqueo de tenencias en plataformas no obligadas a dar información, se destaca la importancia de diseñar mecanismos, en relación con la apertura de cuentas especiales para activos en el exterior, dado el vacío regulatorio existente por parte del BCRA y la CNV", subraya Rutigliano.
El experto concluye en que "se resalta la relevancia de vincular las tenencias depositadas en diversas billeteras y wallets, garantizando un control efectivo y permitiendo su identificación mediante una valuación económica en línea con el proyecto de ley y su base imponible para el cálculo de impuestos".