La Comisión de Desarrollo Económico de la Cámara de Diputados ha dado su aprobación al Proyecto de Ley 4476/23, el cual establece regulaciones para la emisión de monedas sociales.
Es relevante señalar que, según lo resuelto en este proyecto, la emisión de monedas sociales únicamente está permitida cuando se trata de criptomonedas desarrolladas en blockchain y cuentan con la debida autorización del Banco Central (BC).
La aprobación de este proyecto no solo busca regular la emisión de monedas sociales, sino también fomentar la adopción de tecnologías emergentes como blockchain, brindando un entorno normativo propicio para el desarrollo y la integración de estas innovaciones en el sistema financiero brasileño.
En el vanguardista proyecto ideado por el exdiputado Caio Vianna (RJ), la utilización de blockchain es solo el comienzo.
Este plan audaz va más allá al proponer que la emisión de monedas sociales esté vinculada al real, abriendo puertas al floreciente sector de tokenización y stablecoins, con la posibilidad de respaldo en DREX.
El Artículo 3º del proyecto destaca claramente los requisitos rigurosos para estas monedas digitales:
Según Vianna, el éxito de cualquier moneda, incluyendo las sociales, radica en la confianza de sus usuarios.
Argumenta que si existe la percepción de que el emisor no puede garantizar la convertibilidad o paridad, la atracción por utilizarla se desvanece.
Ante este desafío, el proyecto aboga por un sistema inmune a fraudes. La adopción de tecnologías de registro distribuido, como blockchain, se presenta como la solución, diseñadas para infundir confianza en transacciones entre partes desconocidas, fortaleciendo así el desarrollo local y social.
El diputado Sidney Leite (PSD-AM) respalda fervientemente el proyecto que integra blockchain en las monedas sociales.
Destaca el potencial de estas monedas como un recurso para financiar pequeñas actividades económicas, cruciales para la generación de riqueza a nivel local.
Aunque el proyecto cuenta con el respaldo del ponente, el camino hacia la implementación total implica pasar por las comisiones de Finanzas y Tributación, así como la de Constitución y Justicia y de Ciudadanía (CCJ), en un proceso conclusivo.
El alcance del Proyecto de Ley 4476/23 va más allá de regular las monedas sociales.
Introduce la posibilidad de que entidades que cumplan con los requisitos actúen como bancos comunitarios, permitiendo que la administración pública contrate estos servicios para la ejecución de políticas públicas.
Un detalle crucial del proyecto es que las reglas establecidas no solo regulan la emisión de nuevas monedas sociales, sino que también ofrecen un período de dos años para que los responsables de las monedas sociales existentes se adapten a las nuevas normativas.
Esto asegura una transición suave y eficiente hacia el nuevo marco regulatorio.