El pasado 2 de agosto, en una Sesión Especial conjunta de las Comisiones de Asuntos Constitucionales y Legislación General del Congreso Nacional, se presentó el proyecto de modificación de la Ley de Datos Personales por parte de la Directora de la Agencia de Acceso a la Información Pública (AAIP), Beatriz de Anchorena.

En un encuentro concurrido, se destacaron los diez puntos principales de la reforma propuesta, seguidos de un espacio de preguntas y comentarios por parte de los diputados presentes.

La sesión no solo puso en relieve el compromiso de alcanzar consensos y dar voz a todas las partes interesadas, sino también la importancia de tratar temas cruciales que afectan a diversos sectores de la sociedad.

En ese sentido, los diputados enfatizaron la necesidad de no precipitarse, considerando los tiempos electorales y la posible votación de la ley tras la renovación de las cámaras legislativas en diciembre.

Este enfoque pausado y reflexivo por parte de la casa de la democracia es respetable, y abre el proyecto al necesario debate multisectorial.

Cabe destacar que durante el proceso de elaboración del proyecto llevado a cabo por la AAIP,  se organizaron Mesas de Debate donde se recopilaron propuestas de diversos ámbitos, como el académico, las ONG, las empresas y las cámaras empresariales.

Nuevas propuestas

Muchas de estas propuestas fueron incorporadas al Anteproyecto, que posteriormente fue presentado al Congreso Nacional para su consideración.

En el proceso de análisis y discusión, es relevante resaltar las discrepancias que surgieron en diferentes sectores.

Entre estos, algunas empresas multinacionales expresaron posturas que parecen priorizar sus intereses comerciales por encima de otros aspectos.

Aunque todas las voces merecen respeto en una democracia, no podemos perder de vista el propósito fundamental de la ley de protección de datos personales.

En este contexto, resulta esencial apartar las máscaras y la retórica ambigua. ¿Estamos realmente respetando los principios mundialmente aceptados en relación con los datos personales, o estamos permitiendo un enfoque indulgente en su tratamiento?

Algunos actores empresariales promueven el consentimiento tácito debido a su practicidad y ahorro de costos, evitando la necesidad de obtener y conservar la manifestación explícita de la voluntad de los usuarios y clientes.

¿Qué país buscamos ser?

Además, surge la desavenencia en cuanto al registro de representantes de empresas en un nuevo registro destinado a que los titulares de datos puedan presentar sus reclamos.

Actualmente, ante cualquier infracción en la que estén involucradas estas empresas transnacionales, las víctimas deben notificar a las sedes globales de estas compañías, que, a pesar de operar en Argentina con nuestros datos personales, no tienen presencia física en el país.

Esta situación, sin duda, no beneficia a nadie más que a las propias empresas, que buscan seguir lucrando con nuestros datos sin restricciones, dado que la ley actual (Ley 25.326) deja mucho que desear en este sentido.

Por otro lado, estas organizaciones empresariales expresan preocupación por las sanciones contempladas en el Anteproyecto. Argumentan sanciones excesivas e irrazonables; podrían disuadir la inversión extranjera en Argentina.

Si bien este planteamiento es válido, también es relevante señalar que muchas de estas empresas ya operan en el país y buscan mantener su capacidad de utilizar nuestros datos sin enfrentar multas o sanciones significativas.

En última instancia, se plantea un dilema estratégico: ¿Qué tipo de país aspiramos a ser? ¿Atractivo para las inversiones extranjeras y, al mismo tiempo, protector de los datos personales de los ciudadanos?

Los legisladores enfrentan una tarea compleja al sopesar estos objetivos. La respuesta recae en cómo conciliar la necesidad de atraer inversión con la salvaguardia de los derechos individuales en una era donde la protección de datos adquiere un rol cada vez más crucial.

La decisión final sobre esta cuestión crucial, que en definitiva definirá la dirección de Argentina en 2023, recae en la percepción y la acción de nuestros legisladores.

Como dice el refrán, los pingos se ven en la cancha. Observemos con atención cuál es la visión de nuestros representantes sobre cómo proteger de manera óptima nuestros datos personales, mientras simultáneamente fomentan un entorno favorable para los negocios que involucran estos valiosos activos.

*Por Facundo Malaureille, Data Governance de Latam 

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