Las criptomonedas son cada vez más adoptadas por todo tipo de usuarios en los últimos años, gracias a los beneficios que demostraron, sobre todo desde lo económico.
Por este mismo motivo, y al tratarse de los pocos activos financieros que aún no están regulados, distintos Estados y organismos de todo el mundo buscan fomentar un marco normativo en su entorno.
Entre varios, aparece el grupo de naciones G7, que insistió en la necesidad de que los reguladores de las principales economías del planeta impulsen un mayor accionar en tratativas legales sobre los criptoactivos.
El ente multilateral que integran siete de los principales líderes financieros y politícos del mundo (Alemania, Canadá, Estados Unidos, Francia, Italia, Japón y Reino Unido) se mostró comprometido a aplicar "regulaciones efectivas" para controlar y supervisar al ecosistema, incluídos todos los servicios ligados al mismo.
Los líderes que conforman el organismo revelaron haber tenido una reunión especial referida a esta temática, en vísperas a la Cumbre del G7 a celebrarse en la semana del 22 de mayo.
En una comunicado publicado recientemente, la entidad detalló que las normas de control y supervisión sobre el rubro cripto estarán basadas en las recomendaciones estípuladas por el Consejo de Estabilidad Financiera (FSB, en inglés). Se espera que estas normas sean publicadas durante julio de este año, según el ente.
"Nos comprometemos a implementar marcos regulatorios y de supervisión efectivos para las actividades y mercados de criptoactivos, así como para las criptomonedas estables, que sean consistentes con las recomendaciones, estándares y orientación del FSB", indicó el G7.
En este contexto, el G7 dio a conocer su apoyo al Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) y su accionar vinculado a la regulación del ecosistema de las criptomonedas. El apoyo se da en medio de las "crecientes amenazas de actividades ilícitas", remarcó el G7 en su comunicado.
"En particular por parte de actores estatales, incluido el robo de criptoactivos para la financiación de la proliferación de armas de destrucción masiva, los ataques de ransomware, la financiación del terrorismo y la evasión de sanciones", argumentó el organismo.
Uno de los incisos más apoyados por el G7 es la regla de viaje del GAFI y los demás estándares que involucran a los activos digitales, uan normativa que exige a los exchanges mostrar la información privada de los usuarios que realicen operaciones superiores a los u$s1.000.
El G7 aclaró que, en base a los riesgos y delitos registrados, se comprometen con la "implementación oportuna y efectiva de los estándares del GAFI", lo que potencialmente "mejorará la capacidad de los países para identificar y atacar las finanzas ilícitas".
En consonancia con lo propuesto por el G7, el Consejo de Asuntos Económicos y Financieros de la Unión Europea, compuesto por los ministros de Finanzas de todos los Estados miembros, dio luz verde a la esperada regulación Markets in Crypto-Assets (MiCA) tras una votación celebrada este martes 16 de mayo.
La legislación establece directrices y requisitos normativos claros para el uso de criptomonedas, servicios y actividades relacionados en toda la Unión Europea. El ámbito de aplicación de la legislación abarca una serie de criptomonedas, activos digitales, tokens de utilidad y stablecoins.
El siguiente paso en el largo proceso para que la MiCA se convierta en legislación de la UE requiere que el proyecto de ley se publique en el Diario Oficial de la Unión Europea.
La ley MiCA entrará en vigor en el plazo de un año, lo que significa que la normativa se convertirá finalmente en ley a mediados de 2024.
La Comisión Europea propuso por primera vez la ley MiCA en septiembre de 2020, pero se enfrentó a numerosos obstáculos y aplazamientos en su camino a través del proceso legislativo.
En general, la legislación fue bien recibida por igual tanto por los proveedores de servicios de criptomonedas y los proponentes, dado que crea un entorno de mercado único en toda Europa en relación con los requisitos reglamentarios y los procedimientos operativos.
Los componentes clave de la legislación MiCA incluyen requisitos de registro y autorización para los emisores de criptomonedas, los exchanges y los proveedores de wallets.