El Estado busca fortalecer su control sobre las operaciones económicas, no sólo en el sistema financiero tradicional, sino también en el ámbito de las criptomonedas. No conforme con el cerrojo que intenta trazar sobre las trasacciones en exchanges, ahora apunta a los intercambios de divisas digitales entre particulares, modalidad conocida como P2P (persona a persona).
Así lo estableció con un proyecto de ley de la bancada oficialista que ya obtuvo media sanción en la Cámara de Diputados, bajo la excusa de luchar contra el lavado de dinero pero avanzando en aspectos no exigidos en las normas internacionales.
"En paralelo con la ley MICA en Europa, la iniciativa amplía la cantidad de operaciones que se deben informar a la Unidad de Investigación Financiera (UIF)", dice a iProUP Rosendo Gravanago, abogado en derecho informático, criptoactivos y blockchain. De esta manera, indica, "Argentina se prepara a la revisión por parte del GAFI el año próximo, que es muy estricto en estas cuestiones".
"El epicentro de la reforma es que crea el Registro de Proveedores de Servicios Virtuales bajo la órbita de la Comisión Nacional de Valores (CNV), que será la encargada de detectar operaciones sospechosas en cripto", precisa Gravanago.
Marcos Zocaro, asesor impositivo en criptomonedas, inversiones y fintech, señala a iProUP que la reforma que propone el texto de Diputados define como proveedor de servicios de activos virtuales (PSAV) a cualquier persona humana o jurídica que, como negocio, realiza una o más de las siguientes actividades u operaciones para o en nombre de otra persona humana o jurídica:
Gravanago señala que "el Registro se conformará con la información proveniente de los regímenes informativos ya establecidos. La CNV ejercerá sus facultades de supervisión, regulación, inspección, fiscalización y sanción, a lo que sumará controlar que se respeten ciertos parámetros bajo los siguientes principios", aclara el letrado, quien enumera:
"Estas obligaciones representan una nueva burocracia que duplicará las obligaciones informativas y encarecerá los servicios. Y, sobre todo, perjudicará a los pequeños comerciantes P2P que no poseen la espalda financiera para solventar estos gastos", subraya Zocaro.
La UIF podrá solicitar informes, documentos, antecedentes y todo otro elemento que considere útil. El pedido podrá dirigirse a:
"Se elimina el párrafo referido al secreto profesional, una chicana hacia los abogados como sujetos obligados a reportar operaciones sospechosas. En ese sentido, se estableció que no lo deberán hacer cuando hagan tareas de asesoramiento, litigios judiciales, administrativos, de arbitraje o mediación", sostiene Gravanago.
Además, se modifica la pena prevista en el artículo 303 del Código Penal, aumentando el monto de $300.000 a $8,6 millones, que se actualizará en base al salario minimo vital y móvil.
"La reforma propone que la UIF pase a ser un organismo descentralizado de la Administración Pública Nacional dentro del Ministerio de Economía. Con personería jurídica propia, autonomía y autarquía administrativa y financiera", advierte Gravanago.
En diciembre del año pasado, la ONG Bitcoin Argentina solicitó dos modificaciones al proyecto:
Zoccaro remarca: "El GAFI identifica en sus estándares internacionales como indicativo de la necesidad de realizar la debida diligencia del cliente a transacciones encima de los u$s1.000. Esperemos que el proyecto sea modificado en Senadores o, llegado el caso, vía reglamentación", alerta el experto.
La ONG Bitcoin Argentina critica el proyecto "al considerar que golpea innecesariamente a la criptoeconomía, al afectar la actividad de usuarios finales y pequeños y medianos operadores", además de "exceder las pretensiones del GAFI".
Según la organización, la norma impacta de lleno en "personas que actúan en el ecosistema, usuarios finales, pequeños y medianos operadores, que llevan adelante una actividad lícita muy demandada por la sociedad".
"El proyecto de ley sólo beneficia a los grandes operadores de servicios de exchanges -eventualmente a los bancos, cuando el Banco Central los autorice- y a los operadores internacionales que actúan sin presencia en el país", asegura.
La ONG Bitcoin Argentina observa que, "de aprobarse el Proyecto en los términos originales, y de habilitarse un registro para servicios de activos virtuales, la medida tendrá un efecto negativo respecto de actividades libres, lícitas e inofensivas realizadas por muchísimas personas en el mundo de la criptoeconomía en el territorio nacional".
"Constituirá una obstrucción en el desarrollo de este pujante sector de la economía doméstica, y producirá el desplazamiento de actividades y personas hacia la informalidad e ilegalidad, con grave perjuicio para el bienestar general", advierte.
"En nuestro país, a la par del crecimiento de empresas proveedoras de servicios de intercambio y de custodia de criptoactivos, se desarrolló una gran comunidad de individuos y microempresas que prestan también el servicio de intercambio de criptoactivos por dinero fiduciario y viceversa, o por otros criptoactivos, mediante operaciones denominadas P2P, o persona a persona", relata.
Estas transacciones se realizan principalmente utilizando plataformas de encuentro o marketplace y mediante liquidación de las operaciones en cuentas bancarias de las partes.
"En general, se trata operaciones de importes menores al límite de u$s1.000 que GAFI identifica en sus estándares internacionales como indicativo de la necesidad de realizar la debida diligencia del cliente por lavado de dinero", concluye la ONG Bitcoin Argentina.