Rappi y PedidosYa no sólo enfrentan reclamos de los repartidores, quienes aseguran participar de una "relación de dependencia encubierta"; y comercios, quienes se quejan de comisiones abusivas. Pero ahora las denuncias están relacionadas con el tercer pilar de su negocio: los consumidores.
El Gobierno bonaerense imputó a las empresas de delivery Rappi y PedidosYa por el cobro de cargos adicionales compulsivos en los envíos, en violación a la Ley Nacional de Defensa del Consumidor, y les aplicó multas por más de 400 millones de pesos, según indicó el Ministerio de Producción, Ciencia e Innovación Tecnológica de la provincia.
Un relevamiento de la Dirección Provincial de Defensa de los Derechos de las y los Consumidores y Usuarios, dependiente de la cartera productiva provincial, constató que ambas empresas, mediante sus plataformas digitales, además del gasto por envío cobran un cargo extra denominado "tarifa por servicio" que se trataría a priori de un "costo" adicional empresario que se traslada a los consumidores.
Además, desde la entidad remarcan que las empresas no brindan información detallada y precisa respecto a cuál es el motivo ni la composición de esa tarifa por servicio y obligan a los usuarios a pagarlo para finalizar la compra, ya que no permiten rechazar el cargo.
Según se precisó, ese cobro adicional resultaría una práctica abusiva por parte de ambas empresas, que aumenta el precio de los productos y servicios y traslada, a los consumidores y usuarios, costos y gastos empresarios, propios de la actividad que deben estar a cargo de las respectivas plataformas. Las empresas fueron notificadas y ahora tienen 5 días hábiles para presentar su descargo.
Se estima que en Argentina Rappi tiene unos 20.000 mensajeros activos mensuales y Pedidos Ya, cerca de 35.000. Para SiTraRepA, primer sindicato nacional de mensajeros, en todo el país suman 70.000.
El eje del conflicto es que se presentan como meras intermediarias y así eluden todas las regulaciones laborales, comerciales o impositivas en donde operan. Más aún, los mensajeros son considerados autónomos, negándoles la figura de dependencia laboral que encubre esa relación.
"La opacidad del funcionamiento de las empresas que administran aplicaciones es parte de un nuevo modelo de negocio que reescribió las reglas de la explotación del trabajo", remarca a iProUP Omar Plaini, senador bonaerense y secretario general de Canillitas.
Belén D., secretaria Adjunta del SiTraRepA, indica a iProUP que esta situación deja a los repartidores en una condición de "extrema vulnerabilidad y precariedad", sin salario básico, ni ART, ni cobertura de vida y salud.
"Es un fraude laboral. Catalogan como colaboradores cuando claramente es una relación de dependencia encubierta, que se expresa en la dependencia de la app en el plano económico, que se necesita para salir a repartir. Depositan una vez por semana y las empresas definen los montos y criterios", subraya.
Tras el cambio de gobierno a fines de 2019, se crearon expectativas sobre la posibilidad de regular el trabajo de plataformas, pero las iniciativas quedaron rápidamente diluídas. En Argentina, particularmente, hay dos posicionamientos: quienes sostienen que debe aplicarse la Ley de Contrato de Trabajo y los que consideran que debe crearse un régimen específico.
Juan Carlos Cerrutti, juez del Juzgado Nacional de Primera Instancia del Trabajo Nro. 29, indica a iProUP que la pregunta que se hace trata de responder cuando se cuestiona este modelo es: ¿qué tipo de vínculo existe entre repartidores y aplicaciones: relación de dependencia o son trabajadores autónomos?
"En Argentina hay varias sentencias de primera instancia en las que se estableció que hay relación de dependencia. Sin embargo, en segunda instancia los juicios fueron conciliados y no existe un fallo laboral definitivo. Esto genera que no haya una jurisprudencia fuerte respecto al tipo de relación laboral", suma Cerrutti.
En 2020 el Gobierno elaboró un proyecto (que no fue presentado) de estatuto específico: "Régimen del Trabajo en Plataformas Digitales Bajo Demanda". Apuntaba a crear una categoría jurídica especial incorporada al ámbito del Derecho del Trabajo y aborda, entre otras cuestiones, la regulación de:
Además, planteaba la obligación de las empresas de pagar aguinaldo, vacaciones y reservar una contribución mensual equivalente a tres remuneraciones diarias promedio, para solventar una prestación dineraria en los casos de ausencia por enfermedad o accidente no vinculados a la realización del servicio.
En la misma línea, en 2021 la senadora Anabel Fernández Sagasti presentó una iniciativa que, además de reconocer la relación laboral, fija el derecho a percibir una remuneración por las tareas, un sueldo anual complementario, licencias y vacaciones pagas e indemnización por despidos sin justa causa. Todavía no se trató en el Congreso.
Por último, el senado bonaerense aprobó en 2022 un proyecto de ley de Omar Plaini, que establece la creación de un Registro Provincial, Único y Obligatorio para trabajadores y trabajadoras de aplicaciones. Fue girado a la Cámara de Diputados para su sanción definitiva y está en estudio en la Comisión de Trabajo.
Desde Rappi sostienen que es necesario observar el impacto positivo que generan las plataformas digitales, analizar los datos y considerar la realidad de cada una de las partes involucradas.
"Estamos abiertos a una legislación moderna de la actividad, que no cercene las libertades y beneficios de los trabajadores y miles de personas que utilizan plataformas como Rappi. Esto es indispensable para fomentar el crecimiento de las Pymes, las fuentes de empleo e incentivar el consumo y reactivar la economía", concluyen.
"Yo ya me fui de estas aplicaciones. Cuando arrancaron era negocio, empezaron cobrando comisiones del 10 o 15%, pero después las fueron subiendo y pedían adicionales para posicionarte dentro de la plataforma. Ahora se tornaron inviable", confía a iProUP Eduardo Perret, dueño de Selena Kitchen.
En ese sentido remarca que "trabajar con Rappi o PedidosYa puede ser una opción para rubros que tienen costos más bajos, por ende, mayor margen, como pizzerías o hamburgueserías".
Perret directamente no ofrece delivery, pero aprovecha la existencia de estas apps a su favor. Los clientes pueden mandar a buscar su pedido con cualquier servicio de mensajería y el costo del envío corre por cuenta de ellos.
En la misma línea, Yaco, de la Posada de Belgrano, explica que ambas aplicaciones ofrecen una rebaja en la comisión por exclusividad, pero su restaurante trabaja con ambas y paga cerca del 22%. "Son caras y te pagan cuándo y cómo quieren. Esa es la realidad".
Además de los largos plazos para pagar, los dueños de restaurantes denuncian falta de claridad en las liquidaciones.
Ariel Amoroso, es expresidente de la Asociación de Hoteles, Restaurantes, Confiterías y Cafés (AHRCC) y dueño de varios restaurantes. Conoce bien el paño porque estaba al frente de la cámara cuando tocó negociar mejores condiciones con las apps durante la pandemia.
Durante la pandemia, cuando el delivery y el take away (retiro en local) eran el principal sustento de los restaurantes, lograron negociar con las apps una reducción de las comisiones hasta el 15%, pero la tregua duró seis meses hasta que se cayó el acuerdo y no se volvió a renegociar, explica Amoroso.
"Estas aplicaciones son muy ineficientes. Cobran entre el 18 y hasta el 33% de comisión, según el tamaño del restaurante, y encima liquidan a los 20 o 30 días. Con una inflación mensual del 7%, el costo financiero termina siendo altísimo y, cuando llega la liquidación, nunca es lo suficientemente clara, se generan situaciones de controversia y se atrasan más lo pagos".
La situación se tornó tan compleja, que junto con su socio, decidieron bajar a uno de sus restaurantes de estas apps, contratar un servicio de motos y ofrecer delivery propio, gratis.
"Es preferible hacerle un descuento del 10 o 15% sobre el valor del ticket al cliente, que vender por la app, ya que te pueden descontar hasta un 33%". Su caso es el de muchos: kioscos, heladerías y locales gastronómicos o se bajaron y ofrecen rebajas "en mostrador" de hasta el 30% del precio publicado en las aplicaciones.
iProUP se comunicó con las aplicaciones: PedidosYa rechazó responder sobre las comisiones que cobran a los comercios, mientras que Rappi aseguró que, en ningún caso, superan el 25%.