La Asociación Gremial de Computación (AGC) trabaja en la confección de una denuncia penal que presentará en breve en contra del Ministerio de Trabajo que encabeza Raquel Olmos.
¿El motivo? Ante la presentación judicial realizada por Faecys (Sindicato de Comercio) respecto a su intención de de representar a los trabajadores informáticos, la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo rechazó las intenciones y ratificó la vigencia de la personería gremial de la AGC.
Sin embargo, y a pesar de contar con la personería gremial, los informáticos reunidos en AGC aún no tuvieron la chance de reunirse con la cartera laboral para:
A la espera de poder llevar a una reunión a la brevedad es que desde el cuerpo de abogados de AGC trabajan en la confección de una denuncia penal.
Ezequiel Tosco, secretario general de AGC, sostuvo que "con esta decisión judicial, queda expuesta la falsedad del Ministerio de Trabajo de que nuestra personería estaría suspendida".
Y remarcó: "Necesitamos avanzar en la redacción de nuestro convenio y poder discutir paritarias, por lo que esperamos que la ministra (de Trabajo) Raquel Olmos cumpla con la ley".
Asimismo, fuentes consultadas por iProUP adelantaron que "el próximo paso es que el Ministerio de Trabajo cumpla con la ley, sino tendremos que recurrir a la Justicia Penal".
"Nosotros ya presentamos un amparo por comportamiento antisindical, que está en marcha. Sin dudas, la falta de convocatoria se trata de una decisión política", añadieron.
Además, la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo ratificó (por segunda vez) la vigencia de la personería gremial.
En sus fundamentos, la Cámara consideró que el caso como "una contienda ya agotada en la esfera jurisdiccional", por lo cual ningún otro sindicato u organización podrá presentar una demanda (salvo que recurra a la Corte Suprema de Justicia).
Frente a esa nueva decisión judicial el Secretario General de la AGC, Tosco, manifestó: "Queda claro nuevamente, ahora con un nuevo fallo de Cámara, que nuestra personería se encuentra vigente y que resulta totalmente falso el argumento del Ministerio de Trabajo de que está suspendida".
El próximo paso para cumplir con el fallo es la convocatoria de la mesa convencional.
"Es una vergüenza que las autoridades ministeriales de un gobierno peronista no cumplan con la ley y con los fallos de la Cámara Nacional del Trabajo", amplió.
Además, sumó que los únicos que se benefician de que no haya gremio son un sector concentrado de los grandes grupos empresarios. El Gobierno debe defender a los trabajadores ante los despidos y abusos de este sector ínfimo de empresarios".
"Ante la hipótesis de la consolidación de esta situación de incumplimiento por parte de las autoridades del gobierno, nuestra área de Asuntos Jurídicos ya está abocada a la elaboración de las denuncias respectivas ante la Justicia en lo Criminal y Correccional", puntualizó en diálogo con este medio.
A su vez, Rubén Famá, abogado apoderado y Responsable de la Dirección de Asuntos Jurídicos de la Asociación Gremial de Computación (AGC), le confió a iProUP que "la personería jurídica es un tema concluido desde el 17 de octubre del año pasado cuando se expidió la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo".
"La sentencia quedó firme porque el recurso extraordinario fue rechazado", resaltó el letrado.
Y argumentó que: "Al quedar firme la personería en 2020, se inició en el Ministerio de Trabajo el trámite para el llamado de una mesa de constitución para un tratado de Convenio Colectivo de Trabajo, que sería el primero, porque no existe en la actualidad".
"El Ministerio de Trabajo es el que tiene que convocar, pero aún no lo hizo. Esto es un comportamiento antisindical, como lo detalla la ley Sindical Argentina artículo 47.351 en que se autoriza a pedir un amparo", resaltó.
El abogado detalló que el amparo "ya se tramita y se abrió a prueba". En el contexto de este expediente hubo un dictamen fiscal emitido por el Doctor Javier Fernández Madrid, Fiscal de la Fiscalía Nacional del Trabajo Nº 4 en el que sostiene que "el Estado Argentino está incumpliendo, y de persistir en esta negativa incurrirá en un incumplimiento del convenio de la organización de Tratados Internacionales con rango Constitucional".
"Estamos preparando un amparo que involucra al Derecho Penal y activa a todo el aparato punitivo del Estado. Ya son dos años de fragante incumplimiento y eso es un delito de incumplimiento a los deberes de funcionario público. De persistir eso, y bajo la instrucción del Consejo directivo que me de la orden, se accionará", advirtió el letrado.