En previsión de las vacaciones de Semana Santa, los viajeros deben tener en cuenta que la Aduana implementó sistemas de inteligencia para detectar mercadería sin declarar ingresada desde el exterior. Pero también cabe preguntarse qué legitimidad tienen esas medidas.
Es que, según voces en off, esa labor de inteligencia incluye las redes sociales. Al respecto, y ante la consulta de iProUP, voceros de la Aduana no negaron la vigilancia, si bien aseveran que sólo alcanza a sitios donde se comercializan artículos de contrabando.
"La Aduana está mirando el perfil de cada persona en función a diferentes parámetros", indica Gabriel Hermida, de Auren, en diálogo con iProUP. En tanto, Agustín Allende, socio de Privacyvitas, enumera distintos factores que evalúa para determinar la comisión del delito de contrabando o de cualquiera otra infracción:
Sebastián Domínguez, de Asesores Tributarios, añade: "La Aduana analiza al lado de quién viajó la persona que ingresa al país". "A estas pautas se suman los reintegros de impuestos solicitados por el pasajero (Tax Refund) por compras realizadas en otros países, así como también las publicaciones realizadas en las redes sociales", apunta Allende.
Domínguez describe el caso de España, donde "para solicitar la devolución de IVA, se pasa por unos kioscos donde se escanea el ticket de compra y así queda validado el comprobante de la operación por la que se retuvo el impuesto".
"Después, llega un mail con un link al formulario DIVA. La devolución puede cobrarse en efectivo en el aeropuerto, pero la comisión es más alta. También, puede cargarse a una tarjeta de crédito y el reembolso es directo. Si, por ejemplo, la tarjeta es de los Estados Unidos, los euros son convertidos para que se cobren dólares", precisa.
"La agencia tributaria del país extranjero manda a la AFIP copia de este formulario, que incluye descripción del producto, precio y monto del impuesto devuelto", remarca.
"Hay una franquicia de u$s500 para vía aérea y de u$s300 si es vía terrestre", recuerda Hermida. "Lo que exceda esos valores paga impuestos y, si no se declara, dispara fuertes multas, ya que se entiende que es contrabando".
"Surgen numerosos interrogantes sobre la legalidad de las facultades que se arroga la DGA en cuanto al patrullaje de las redes sociales, ya que las medidas propiciadas no se encontrarían expresamente o implícitamente previstas dentro de la competencia atribuidas por norma alguna a la Dirección de Aduanas", subraya Allende
"Esto es así desde el momento que no se puede acceder a la norma expresa y concreta que establece este nuevo sistema, lo cual es grave al afectar el principio de transparencia que debe primar en el obrar estatal", precisa.
"Aunque la Dirección de Aduanas tiene diferente grado de permisibilidad para su actividad de control, dependiendo de la zona, ninguna se conjuga con atribuciones previstas en este sistema", dice.
"No resulta admisible invocar la facultad que confiere el artículo 1081 del Código Aduanero como justificante para practicar todas las diligencias para investigar los hechos. Tampoco, el ejercicio de las funciones de control otorgadas por ley, puesto que esta facultad solo aplica a los procedimientos por infracciones y no a procedimientos por delitos", advierte.
"Por otra parte, la Resolución 144/2020 del Ministerio de Seguridad (que establecía el protocolo general para la prevención policial del delito con uso de fuentes digitales abiertas), ha sido derogada por la tensión existente entre esas tareas de prevención de las fuerzas de seguridad y la protección de datos personales regulada por ley", enfatiza.
"Al estar en juego el derecho constitucional a la intimidad y las correspondientes garantías que sólo pueden ser restringidas por orden judicial escrita, previa y fundada, existe el riesgo de que los elementos con medidas de investigación sin la intervención de autoridades judiciales en el marco de una causa judicial concreta, devengan nulos de nulidad absoluta", asevera.
"Muchos se estarán preguntando acerca de si alguien puede verse afectado en su expectativa de privacidad si sube algún contenido a alguna red social, las cuales se han convertido en un espacio público abierto", considera Allende.
"Si bien pudiese ser materia de discusión lo que es claro que el hecho que un contenido privado se encuentre al alcance de cualquiera no justifica un vigilancia masiva, continua e intrusiva. ¿O acaso por el hecho de circular por la vía pública justificaría un control estatal continuo?", plantea.
"Esta situación es un caso más en que el Estado procede al tratamiento de datos personales sin considerar la gran cantidad de aspectos legales en juego, y una muestra más de la imperiosa necesidad de regular la interacción del Estado, a través de sus diferentes organismos, en el ejercicio de sus facultades de control con nuestros datos personales", enfatiza.
En cambio, para Andrés O’Farrell, del Marval, O’Farrell & Mairal, "el Estado puede realizar tareas de inteligencia de fuentes abiertas. Esta práctica se conoce como Open Source Intelligence".
"En general, el análisis de fuentes abiertas se considera una facultad implícita de los organismos estatales con funciones de investigación y prevención del delito. En la medida que se trate de datos de acceso público e irrestricto, no se necesita de una autorización normativa o judicial específica para examinarlos", opina.
"Sin perjuicio de ello, hay normas que regulan esta actividad. El marco general está dado por la ley Ley 25.520 de Inteligencia Nacional, que prevé la producción de inteligencia criminal referida a los delitos federales complejos, incluyendo ciberdelitos", sostiene.
"La Ley de Inteligencia establece que las tareas de reunión y análisis de información deben priorizar la prevención y persecución de delitos federales complejos, entre los que menciona al terrorismo, el narcotráfico, el tráfico de armas, la trata de personas, los ciberdelitos, atentados contra el orden económico y financiero, y delitos contra los poderes públicos y el orden constitucional".
"La Aduana trabaja con multiplicidad de fuentes de información, en función de las cuales elabora "perfiles de riesgo". Estos determinan el nivel de control que aplicará sobre determinadas personas, entidades u operaciones", comenta O’Farrell.
"El perfil de riesgo no es en sí mismo un fundamento suficiente para imponer sanciones. Para hacerlo, deberá comprobar la existencia de una infracción mediante otros elementos de prueba. Por ejemplo, verificando la falsedad o la inexactitud de declaraciones juradas o de documentación comercial presentada para oficializar un despacho de importación", explica.
"La prueba obtenida del análisis de redes sociales puede servir de indicio o de guía para el direccionamiento de la investigación. Sin embargo, para imponer una sanción (sea administrativa o penal), las autoridades de investigación deben producir prueba directa de la infracción o el delito", subraya.