La ONG Bitcoin Argentina solicitó modificaciones al proyecto de reforma de la ley de lavado de activos que se encuentra en la Cámara de Diputados de la Nación.
La entidad consideró que "tendrá un efecto negativo sobre actividades libres, lícitas e inofensivas realizadas por muchísimas personas dentro de un sector pujante de la economía nacional, como lo es la industria cripto".
Desde la organización sin fines de lucro remarcaron que si bien "acompañan el impulso de las medidas necesarias para prevenir el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo, los ajustes actuales en la reforma no contemplan las consecuencias negativas dentro de las particularidades que tiene la economía argentina".
En ese sentido, desde la ONG Bitcoin Argentina reclamaron dos modificaciones sobre el proyecto de reforma que busca adaptar la normativa nacional a los estándares internacionales para la prevención de lavado de activos dictados por el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI).
"La definición que tiene la normativa de los Proveedores de Servicios de Activos Virtuales (PSAV), sujetos obligados a informar a la UIF, es idéntica a la propuesta por el GAFI en sus "Estándares Internacionales", por lo que se omite realizar un análisis circunstanciado de lo que significa su eventual aplicación en la Argentina.
En nuestro país se desarrolló una gran comunidad de individuos y microempresas que realizan servicios de intercambio de criptoactivos por dinero fiduciario y viceversa, o por otros criptoactivos, mediante operaciones denominadas P2P, o persona a persona", explicaron desde la ONG Bitcoin Argentina a través de un comunicado.}
Y agregaron: "Quienes realizan estas operaciones pueden hacerlo como consumidores finales o como un servicio minorista, con márgenes entre los precios de compra y de venta. Son muy pequeños emprendedores, estudiantes, trabajadores o desempleados que realizan esta actividad como forma de obtener un ingreso complementario. Dada la definición de PSAV que propone hoy la ley, las personas que realizan estas operaciones serán consideradas sujetos obligados a informar frente a la UIF, con exigencias reglamentarias que están totalmente fuera de sus posibilidades".
A su vez, desde la organización que promueve y difunde las oportunidades que brindan las tecnologías descentralizadas señalaron que "estas operaciones minoristas, de bajo importe, es impensable que puedan constituir una amenaza seria al lavado de activos y la financiación del terrorismo de acuerdo al estándar del ´enfoque basado en riesgos que promueve´ el GAFI".
"Las empresas que actualmente operan en el país en las distintas actividades que definen a un PSAV tienen muy diverso volumen y complejidad, lo cual hace muy difícil y peligroso establecer criterios generales habilitantes", aseveraron.
"Por eso, recomendamos que este registro no sea utilizado para exigir determinados estándares operativos o patrimoniales habilitantes sino que se acote exclusivamente a que la UIF pueda supervisar en forma eficaz el cumplimiento de los requisitos mínimos obligatorios de prevención del lavado de activos", concluyeron.