La economía global se basa, cada vez más, en activos digitales. Los datos son el combustible que utilizan instituciones públicas y empresas para prestarnos servicios, para "perfilarnos" y brindarnos información (o publicidad) dirigida, efectiva, precisa.
En momentos en que la comunicación virtual se volvió la única forma de acceder a intercambios fundamentales, la digitalización de nuestros datos no hizo más que aumentar.
En efecto, con la vida exterior pasando "a través de la pantalla", el flujo de nuestros datos personales corriendo por los cables aumentó exponencialmente.
Pero estos datos ¿están seguros?
En los últimos años, las filtraciones de datos personales en el sistema público se volvieron cada vez más frecuentes y afectaron a organismos de primer nivel como la Dirección Nacional de Migraciones, la Policía Federal, el Registro Nacional de la Personas o el Senado de la Nación, entre muchas otras.
Lo mismo sucede con las empresas privadas: hace pocas semanas la empresa de medicina prepaga OSDE reconoció en sus redes sociales que fue víctima de un ataque y que su información, que incluye historias clínicas y otros documentos sensibles, era comercializada en la llamada Internet profunda (deep web).
Mientras todo esto sucede, el último dato disponible de la Unidad Fiscal Especializada en Ciberdelincuencia (UFECI) que data de mediados del año pasado, nos indica que los casos asociados a la cibercriminalidad aumentaron 465% respecto al año anterior.
A la luz de estos hechos, pareciera que existe un problema creciente con el resguardo (o la falta de él) de nuestra información personal en línea.
El Estado y las empresas no aseguran la protección que nuestros datos requieren. Y eso tiene consecuencias, porque los datos se filtran, son moneda de cambio y su utilización para fines fraudulentos aumentó exponencialmente.
¡Lo sabemos, pero nada pasa!! La noticia se publica y seguimos adelante, como si nada pudiera hacerse, como si fuera el destino que conlleva vivir en la era digital.
Sin embargo, eso no es así. La Ley 25.326, de Protección de Datos Personales, establece la obligación de resguardar los datos como un tema que hace a garantizar "el derecho al honor y a la intimidad" de las personas.
La ley de Protección de Datos Personales en el país se aprobó en el 2000, en otro mundo: 4 años antes de la proliferación de Facebook y 7 años antes de la proliferación de Twitter.
En su momento, la ley fue innovadora y es, de hecho, una de las primeras leyes del estilo de nuestra región. Sin embargo, hoy en día, los potentísimos cambios sociales de los últimos años la dejaron obsoleta y muy relegada en comparación a la legislación de los países vecinos como Brasil o Chile.
En 2018, el poder ejecutivo presentó un proyecto de ley ante el Congreso para actualizar la ley vigente. Repasar las crónicas de ese momento es revelador: hay muy poco ¿Por qué, salvo muy pocas excepciones, los medios no lo comunicaron? Y más importante aún, ¿por qué no se debatió en el Congreso?
Es cierto que el proyecto no estaba exento de puntos criticables, pero ¿ese es el motivo real por el que no se trató? ¿el tema no interesó a nuestros representantes? ¿será que, a nivel masivo, nadie lo reclama?
Necesitamos la sanción de una nueva Ley de Datos Personales, una que sea contemporánea y adaptada al contexto actual, porque el mundo cambió, nosotros cambiamos.
Y hay muchas preguntas, pero también certezas: con los datos en fuga somos cada vez más vulnerables y hoy no hay nadie que se haga cargo.
La Agencia de Acceso a la Información Pública, ente autárquico que funciona en el ámbito de la Jefatura de Gabinete de Ministros y el organismo responsable de asegurar la protección integral de nuestros datos, presentará el próximo 30 de agosto los lineamientos para la actualización normativa de la Ley de Protección de Datos Personales.
La promesa es enviar un nuevo proyecto al Congreso antes de fin de año. Contamos con una nueva oportunidad, ¿se tratará esta vez?