La Justicia dictó un embargo preventivo, el primer en su tipo en Argentina, contra las cuentas que tiene el empresario Edgar Adhemar Bacchiani en Binance, investigado por los delitos de lavado de dinero, comercialización no autorizada de moneda extranjera y asociación ilícita.
La firma fue denunciada en las provincias de Catamarca, Córdoba y Tucumán por delitos de estafa a personas que transferían su dinero para que este fuera invertido en criptomonedas, ofreciendo a cambio, tasas de interés exorbitantes que en algunos casos llegaban a porcentajes de más del 50%.
La medida fue dictada por la jueza María del Rosario Arias Gómez, a cargo del Juzgado Civil en Documentos y Locaciones I de Tucumán, que resolvió hacer lugar a una medida cautelar de embargo preventivo sobre las cuentas que el demandado posee en el exchange.
"La medida se extendió a todo el ecosistema Binance’s Open Platform, Binance Launchpad, Binance Labs, Binance Charity, Binances DEX, Binance X, JEX y Fiar Gateways sobre las cuentas que tenga el demandado y sobre fondos tanto actuales como futuros que se liquiden a favor del mismo, todo ello hasta cubrir la suma de u$s5.000 por capital", detallan desde Diario Judicial.
Edgar Adhemar Bacchiani es el titular de la empresa "Adhemar Capital" y fue detenido el pasado viernes en Catamarca, junto a sus socios José Blas y Alexis Sarroca, por personal de Gendarmería Nacional.
La empresa Adhemar Capital fue denunciada en las provincias de Catamarca, Córdoba y Tucumán por la comisión de presuntos delitos de estafa a personas que transferían su dinero para que este fuera invertido en criptomonedas, y ofrecía a cambio tasas de interés exorbitantes.
El fiscal de la causa, Rafael Vehils Ruíz, manifestó que "Bacchiani manifestó la intención y el plan de devolver el dinero, pero no especifico nada, solo señaló la intención de hacerlo" y agregó que aún "no se pudo determinar la cantidad de damnificados que hay en la provincia".
El fiscal que está al frente de la investigación en Tucumán hizo referencia a los allanamientos en las oficinas de la empresa y en el domicilio del empresario, por una medida ordenada por el Juez de Control de Garantías en turno en Catamarca tras un exhorto enviado desde la provincia de Córdoba por la fiscal Valeria Rizzi, donde también es investigado.
"Yo considero que no ha sido correcto, se han llevado documentación que era necesaria acá, para la causa acá, que no tienen ningún tipo de la relación con la causa en Córdoba. Si nosotros necesitamos esa documentación para la investigación o ellos la necesitan para la defensa acá en Catamarca en el ámbito de excepción, que es la justicia federal y se la llevan de otra provincia y no la tenemos evidentemente los perjudica a ellos y a la investigación sin ninguna duda", lamentó el fiscal.