Esta tarde, la ONG Bitcoin Argentina (A.C.DECODES) denunció ante la Procuración General de la Nación (PROCELAC) a los principales responsables del holding empresarial Generación ZOE, entre los que se destaca Leonardo Cositorto, por posibles delitos de estafa, captación de ahorro público no autorizado y manipulación del mercado.
"Desde nuestra área de legales hace tiempo que venimos siguiendo las acciones e intervenciones públicas de las distintas empresas del grupo ZOE y sus responsables", explicó la entidad mediante un comunicado
Víctor Castillejos, abogado especialista en regulación de criptomonedas y ciberseguridad, le comenta a iProUP: "El problemas es que ellos siguen utilizando su plataforma de comunicación que son todas las redes sociales para seguir difundiendo su mensaje y obtener el dinero de los incautos".
"Es necesario que la justicia actué porque esta gente hizo caso omiso a las autoridades regulatorias. La justicia tiene que investigar qué es lo que verdaderamente está ocurriendo y se realizará una denuncia en el foro penal, a no ser que ya haya otra denuncia en curso que es posible", explica.
El letrado detalla que los afectados podrían llegar a ser más de 30.000 personas. "En una sola cadena de bloque se encontraron 30.000 billeteras. Todavía estamos contabilizando a los afectados".
.Según la ONG, hay elementos suficientes para que la Justicia investigue y compruebe si es que a través del coaching coercitivo, la formación educativa y las finanzas, de quienes llevan adelante este grupo empresarial realizaron un fraude conocido como esquema ponzi o estafa piramidal.
Además de otros posibles delitos como captación de ahorro no autorizada y manipulación del mercado.
"Uno de nuestros objetivos como organización es promover el desarrollo saludable de una industria que tiene un potencial enorme para el país y los argentinos, como es el de las criptomonedas y la tecnología blockchain", afirmó la entidad.
Al tiempo que afirman que este tipo de estafas, que vienen detectando en el último tiempo, producen un daño muy grande no solo a quienes depositan sus ahorros y confianza sino también al ecosistema en general, que por sus características permite la absoluta trazabilidad de la información, así como la seguridad y privacidad de sus usuarios.
La denuncia, presentada hoy ante la PROCELAC, establece "la posible comisión de los delitos tipificados en los arts. 172, 309 y 310 del Código Penal de la Nación" e imputa "en virtud de la complejidad de los hechos a todo aquel que sea penalmente responsable por los delitos contra la propiedad y contra el orden económico señalados".
"Esperamos que esta denuncia que realizamos desde la ONG aporte elementos para que desde el ámbito judicial avancen y tomen cartas en el asunto de forma inmediata, y se pongan en marcha los mecanismos para evitar que más personas sean víctimas de fraudes y estafas como estas", concluyeron desde ONG Bitcoin Argentina.