Mientras el Registro Nacional de las Personas desmiente el hackeo de su base de datos, Diputados nacionales de Juntos por el Cambio, encabezados por Karina Banfi, exigieron que el Poder Ejecutivo brinde explicaciones al Congreso ante las denuncias presentadas por la venta online de una base de datos de parte de la entidad.
Los diputados requirieron saber cómo se protegen los datos sensibles de los argentinos; cómo pueden los ciudadanos estar tranquilos si desde dentro del Estado se produce estas filtraciones; quién y cómo se controla que los empleados del Estado que tienen acceso a los datos sensibles de los ciudadanos no los usen indebidamente.
"Lo que aconteció es muy grave. Es urgente que se informe al Congreso qué medidas van a tomar para resolverlo y cómo evitarán que esto vuelva a suceder. Es inaceptable que se vulnere información privada en manos del Estado", afirmó Banfi, integrante de la comisión de Asuntos Constitucionales.
De acuerdo a fuentes gubernamentales que informaron a la prensa, "la intromisión existió, pero no se trataría de un hackeo ni un ataque externo, sino de una filtración desde dentro del Estado a través de un acceso indebido, de alguien que ingresó con permisos y obtuvo así la información que está en manos del organismo".
La filtración obtuvo información personal y datos sensibles de ciudadanos argentinos, que incluyen foto, nombres, apellidos, DNI y fecha de nacimiento, denunció Juntos por el Cambio.
"Que la filtración de los datos se produzca por el accionar de empleados de la administración pública es escandaloso y el Estado le debe a los argentinos una explicación", concluyó Banfi.
Acompañan esta iniciativa los diputados de JXC Sebastián Salvador, Lorena Matzen, Jorge Vara, Luis Petri, Claudia Najul, Dolores Martínez, Gerardo Cipolini, Gonzalo Del Cerro, Lidia Ascárate, Soledad Carrizo, Mónica Frade, Aida Ayala, Luis Pastori, Mariana Stilman, Camila Crescimbeni, Roxana Reyes, Victoria Morales Gorleri, Alberto Asseff, Federico Zamarbide, Gustavo Menna, Jorge Rizzotti, Carlos Fernández y Gabriela Lena.
"Quienes formamos parte de ONG Observatorio de Derecho Informático Argentino (O.D.I.A.) O.D.I.A. entendemos que es necesario un espacio de debate acerca de los vínculos entre las personas y lo digital y creemos que la ciudadanía no termina donde comienza una pantalla", plantearon desde la organización.
Gonzalo De Vita, miembro del Observatorio de Derecho Informático Argentino, explicó que el Sistema de Reconocimiento Facial de Prófugos (SRFP) que se usa en la Ciudad "es un software de reconocimiento de caras en las imágenes de las videocámaras del sistema de videovigilancia de la Ciudad de Buenos Aires para localizar prófugos y personas en rebeldía".
El experto remarcó, "Los problemas que detectamos son de órdenes éticos, legales y técnicos. En primer lugar, bajo el eje ético, los sistemas de reconocimiento facial en todo el mundo, hechos por empresas de primer nivel como Amazon, Google, Microsoft, fueron reconocidos como sesgados bajo auditorías, produciendo un mayor número de errores hacia poblaciones minoritarias.
Además, remarco que en el caso de "la Ciudad de Buenos Aires no podemos saber si esto ocurre ya que no se nos dio acceso al mismo. Si el sistema detecta a una persona incorrectamente, la misma debe ser demorada aun cuando el error sea evidente".
Asimismo, señaló que a nivel técnico, los sistemas informáticos requieren de garantías de eficiencia, en particular los de inteligencia artificial necesitan una validación de sesgo.
"Cualquier sistema de este tipo tendría que tener una precisión mínima del 95%, pero con una rápida regla de 3 logramos estimarla en 53.87%. Sospechamos que podría ser aún menor en poblaciones racializadas y/o minorías".