La Corte de Cuentas de El Salvador, organismo autónomo encargado de velar por la transparencia en la gestión pública en el país centroamericano, ordenó la ejecución de un "análisis jurídico" que permita realizar un "examen de auditoría" al Gobierno de Nayib Bukele para aclarar "la salida de fondos del Tesoro Público" para la compra de Bitcoin (BTC).
Ya que la Corte de Cuentas admitió una denuncia presentada por la entidad no gubernamental por el posible manejo irregular de fondos estatales para la implementación del proyecto Bitcoin en el país centroamericano, publicó Cristosal en Twitter.
Señaló que el organismo estatal realizará un examen de auditoría a la ejecución del fideicomiso por u$s150 millones para, según el gobierno, "operativizar la circulación de la moneda digital bitcoin".
Cristosal mencionó en su denuncia que una las presuntas irregularidades es "la opacidad en el origen de los fondos para la construcción de la cabinas" en las que se colocaron cajeros y en las que se da orientación para el uso de la criptomoneda.
El procedimiento fue admitido por la Corte de Cuentas tras recibir una denuncia interpuesta por la organización de derechos humanos Cristosal, que trabaja por la defensa de las víctimas de violencia en El Salvador, Honduras y Guatemala.
Sin embargo, es poco probable que el caso avance ya que la Fiscalía fue cuestionada por responder al presidente Bukele, luego que su anterior titular fuera destituido por diputados oficialistas y el nuevo jefe decidiera suspender investigaciones de presunta corrupción.
El examen de auditoría en cuestión será por la ejecución del fideicomiso -fondo- por u$s150 millones para, de acuerdo con el Gobierno, "operativizar la circulación de la moneda digital bitcoin".
En junio, el Parlamento del país aprobó la legalización de la moneda digital. La norma rezaba que el uso de la divisa será "irrestricto, con poder liberatorio e ilimitado en cualquier transacción y a cualquier título que las personas naturales o jurídicas públicas o privadas quieran realizar", siendo el propio presidente del país centroamericano el gran impulsor del proyecto y el 7 de septiembre fue el día en que la población pudo comenzar a utilizarlo de manera legal.
Analistas del Bank of America sostienen que la decisión de reconocer a BTC en el país como moneda de curso legal podría:
Por tal motivo, "el uso de Bitcoin para las remesas podría reducir potencialmente los costos de transacción en comparación con los canales tradicionales de remesas", explican en el estudio.
"La idea es que Bitcoin podría ser utilizado como un intermediario para las transferencias internacionales, de modo que los dólares sean convertidos a Bitcoin por el remitente y luego se convierten de nuevo a dólares a nivel nacional por el receptor", agregaron.
De hecho, el mandatario tasó en u$s400 millones el ahorro en comisiones para los salvadoreños por la recepción de remesas desde fuera del territorio.
"Creamos esta ley por qué el bitcoin tiene un mercado de capitalización de u$s600.000 millones a nivel global y si hacemos esto, los inversores y los turistas que tengan bitcoin vendrán al país y beneficiarán a los salvadoreños y a la economía", había asegurado anteriormente Bukele en uno de sus mensajes en redes sociales.