La ONG Bitcoin Argentina organizó un debate en el que el especialista en criptomonedas Franco Amati y el abogado Camilo Jorajuría de León analizaron el impacto de la ley aprobada en El Salvador referida a la utilización del BTC como moneda de curso legal.

"Todo agente económico deberá aceptar bitcoin como forma de pago cuando así le sea ofrecido por quien adquiere un bien o servicio. Esto es el Estado haciendo lo que hacen los Estados: básicamente imponiendo la coerción para la utilización de esta moneda", manifestó el letrado al analizar la norma.

Al respecto, Amati celebró la ley impulsada por el presidente Nayib Armando Bukele Ortez y aprobada por el parlamento "porque a medida que BTC se va popularizando, vos no vas a poder evitar que pasen estas cosas. Pese a que nosotros no queríamos que fuese obligatorio, este tipo de cosas van a pasar".

 

"Es inevitable porque el mundo tiene Estados, y los Estados implican toda la estructura de obligaciones, tributos y demás. Si un buen día algún Estado obliga a pagar impuestos en bitcoin ¿vamos a estar en contra? es parte de crecer, así que yo lo veo como inevitable", agregó el especialista en criptomonedas.

Al referirse a la obligatoriedad de la aceptación de BTC por parte de quienes comercian bienes y servicios en El Salvador, Amati mencionó que "veo 20 mil otras cosas peores, como que se obligue a la gente a usar pesos argentinos. Si tengo que militar una causa no voy a militar en contra de que bitcoin sea de curso forzoso".

La opinión del FMI

Gerry Rice, portavoz del Fondo Monetario Internacional (FMI), y deslizó aseguró que la adopción del Bitcoin como divisa de curso legal en El Salvador puede conllevar una serie de riesgos y desafíos regulatorios.

Citado por Bloomberg, el funcionario listó una "cantidad de asuntos macroeconómicos, financieros y legales que requieren de un análisis muy ponderado", por lo que el ente se encuentra "siguiendo de cerca el desarrollo de los acontecimientos" y "continuará sus consultas con las autoridades".

En base a lo anterior, se conoció que un equipo del FMI mantiene reuniones virtuales con representantes salvadoreños por estos días.

La norma, impulsada por el presidente Bukele, entrará en vigor 90 días después de su publicación en el Diario Oficial. El Banco Central de Reserva y la Superintendencia del Sistema Financiero emitirán la normativa correspondiente en ese período, según la ley.

La medida causó la caída del 'ranking' de los bonos nacionales, haciendo subir 71 puntos básicos, hasta el 7,8%, el rendimiento de bonos con vencimiento en 2025.

De hecho, los bonos de El Salvador se desempeñaron como el peor actor financiero en los mercados emergentes en la semana del anuncio de la norma, según Bloomberg.

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