En medio de la pandemia global de coronavirus COVID-19 un rumor no deseado surgió con fuerza en el transcurso de las últimas semanas en redes sociales y plataformas de mensajería: a partir del 1 de enero de 2021 existiría un nuevo aumento en las tarifas de los servicios de internet, telefonía y cable.
No obstante, más allá de la fuerza que consiguió tomar el trascendido, desde el Ente Nacional de Comunicaciones (Enacom) decidieron salir a confirmar lo contrario.
Gustavo López, vicepresidente de Enacom, remarca que "aún no se autorizaron subas en las tarifas de los servicios de Internet, televisión por cable y telefonía móvil o fija a partir del 1 de enero de 2021.
Las palabras de López, incluso, desestiman las comunicaciones que algunas empresas enviaron a sus clientes.
"No se autorizó hasta el momento ningún aumento tal como anuncian las empresas de internet, telefonía y televisión respecto de un supuesto incremento del 20% para enero", asegura López.
El directivo añade que el aviso realizado por las empresas no fue consensuado en ningún momento con el Gobierno.
"Las empresas se tiran el lance para los aumentos, pero absolutamente nada está autorizado", insiste López.
El funcionario aprovecha para recordar que a partir del Decreto 690, firmado por el presidente Alberto Fernández y convalidado por el Congreso, se estableció que los servicios de telecomunicaciones son públicos y esenciales, congelando sus tarifas en el marco de la pandemia.
Lopez también resalta que "ya no son las empresas que fijan el precio sin intervención del Estado sino que son las que proponen y es el Ente el que autoriza o no el aumento y cuánto".
El objetivo de Enacom, que ya convocó a las principales empresas de telecomunicaciones para llevar adelante una reunión en el transcurso de esta semana, es que el aumento sea gradual e inferior.
De todos modos, aún no fueron revelados ni confirmados los porcentajes de los incrementos que se negociarán durante el encuentro.
López también adelanta que en el transcurso de esta semana el ente dará a conocer unos planos que se dispondrán para la prestación de este tipo de servicios, apuntando a los sectores más vulnerables.
Este proyecto se basa en un decreto que impulsa "la prestación básica y obligatoria, es decir la tarifa social de internet, televisión, telefonía celular y fija para los millones de argentinos afectados por la política económica de Mauricio Macri y que la pandemia recrudeció".
Para esos sectores, el directivo adelantó que "habrá una tarifa especial para que no queden desconectados, ya que se declaró servicio público porque para poder estudiar y enseñar, acceder a la cultura, al trabajo e incluso a los planes sociales hoy se necesita conectividad".
"Estamos ante un derecho humano básico y por lo tanto es considerado un servicio público sujeto a regulación estatal ", sostiene López.
Por último, ratifica que más adelante se comunicarán los planes sociales de los servicios que regirán a partir del próximo 1 de enero.
Los planes de este servicio básico universal se presume que estarán dirigidos especialmente a los beneficiarios de la Asignación Universal por Hijo (AUH), el Ingreso familiar de Emergencia (IFE) y los jubilados y pensionados que cobran los haberes mínimos.