"Generar el DNU 690 fue como patear el hormiguero en toda nuestra industria", afirmó Alejandro Lastra, director de comunicación y relaciones institucionales de Telefónica.
Mediante esa definición, Lastra buscó describir el efecto de incertidumbre y caos que abrió en el sector argentino de las tecnologías de la información y de la comunicación (TIC), la norma propulsionada semanas atrás por el Poder Ejecutivo.
El DNU 690/2020 estableció que la telefonía, celular y fija, internet y la televisión paga sean consideradas "servicios públicos esenciales y estratégicos en competencia" y, a la vez, suspendió "cualquier aumento de precios o modificación de los mismos" hasta el 31 de diciembre.
El mayor shock en el sector proviene del carácter "inesperado" que atribuye a la medida y del nuevo encuadre que generó para los servicios que presta, un cambio que se considera estructural y de implicancias aún no claras, ya que resta su reglamentación, en la que trabaja el Ente Nacional de Comunicaciones-Enacom.
Pero además, el miedo radica en que no se quiere terminar en un sistema de regulación de precios plenamente a cargo de la autoridad estatal, un esquema rechazado de formá unánime por toda la industria.
Este miedo, compartido de manera horizontal por la industria, fue el tema central de análisis en el encuentro virtual organizado por ConverCon, "DNU 690: el futuro de las comunicaciones en Argentina".
El evento, que reunió a más de 260 participantes, buscó incluir la mirada de pequeños operadores de los citados servicios localizados en todo el país, cámaras sectoriales y las grandes empresas, incluyendo a Telefónica, a Telecom, a Claro y a DirectTV.
Según señalaron distintos participantes, la industria TIC reúne en el país entre 1.200 y 1.700 empresas de toda escala, que prestan toda clase de servicios y con diversos encuadres jurídicos.
Desde pequeños operadores que dan internet en localidades chicas del interior hasta grandes "telcos", compañías de telecomunicaciones, multiservicios, venden internet más televisión, pasando por una amplia red de cooperativas que llevan las distintas prestaciones por las provincias, lo que representa a un gran universo.
Debido a eso, el nuevo decreto abrió una situación de incertidumbre respecto de las tarifas que paga el usuario final, su actualización y el modo en que de aquí en más serán fijadas; y en consonancia también puso un manto de duda respecto de precios internos en el sector.
Ya que muchas compañías compran internet a una operadora de mayor escala para revenderla. Ese gran interrogante estructural, señalan, "ya puso en pausa las inversiones" de manera generalizada. Y las amenaza de manera definitiva a futuro.
En eso coincidieron, más allá de las diferencias de escala, representantes de la Cámara Argentina de Internet (Cabase), de la Cámara Argentina de Cableoperadores e Internet Pymes (Cacpy) y de la Camara Argentina de Pequeños Proveedores de Internet (Cappi) y directivos de las mayores telcos.
Todos destacaron que se trata de una industria de capital intensivo, en la que la inversión es un proceso continuo que no puede detenerse.
"No sólo invertimos en la expansión de redes y actualización de la tecnología, porque es un sector donde el rito de obsolescencia es altísimo", señaló Alejandro Quiroga Lopez, director de asuntos regulatorios e institucionales de Claro Argentina, Uruguay y Paraguay.
Además agregó que: "También el propio mantenimiento es muy demandante de capital. Se trata de una inversión diaria, por eso para nosotros el tiempo es muy importante para evitar la afectación del servicio".
Por otro lado, Marcelo Tulissi, titular de Cacpy, destacó otro punto compartido: el sector viene financiando fuerte su expansión en los últimos años.
"El consumo de internet aumentó 50 por ciento en marzo y eso fue posible porque todas las empresas, incluidas las pymes, venimos invirtiendo desde hace largo tiempo. Y esto en un país inestable, sin reglas claras y con costos en dólares e ingresos en pesos", afirmó Tulissi criticando el decreto, el nuevo encuadre y el congelamiento de tarifas.
Otros datos apuntados por operadores y por especialistas sobre el mercado argentino destacan que se trata de uno de los de mayor penetración en telefonía e internet móvil (83 por ciento de la población con 4G), que el acceso a la banda ancha fija llega al 63 por ciento de los habitantes, aunque con niveles muy diverso en la geografía nacional, y que la velocidad de descarga se multiplicó por ocho en los últimos cinco años.
Sin embargo, empresas y especialistas coincidieron en que aún no logran entender qué significa el nuevo encuadre de "servicios públicos esenciales y estratégicos en competencia" asignado a las telecomunicaciones, una caracterización que para muchos incluye términos contradictorios.
Pero además, el sector manifestó su preocupación por el valor del dólar y la inflación actual. Ya que creen que con esta medida el atraso cambiario será altísimo y que es totalmente inviable.
"En el servicio prepago, que es el 60 por ciento del mercado, venimos con congelamiento desde noviembre. Cuando llegue a los 12 meses, el atraso será de más del 30 por ciento. Entendemos la situación extraordinaria, pero esa lógica es inviable a futuro", agregó Quiroga López, de Claro.
En relación con el planteo de muchos operadores, Hernán Verdaguer, director de asuntos regulatorios de Telecom Argentina, señaló también que el propósito del DNU oficial es una meta compartida por toda la industria. "Universalizar el acceso a la conectividad, y con ello a la educación; todos queremos eso. El problema es el cómo: este DNU sorpresivo va en sentido opuesto", agregó.
Una de las ideas con alto consenso en la industria es trabajar en conjunto con el sector público y con todos los actores del ecosistema "telco" en un plan federal de conectividad, y la garantía de prestación básica universal del servicio en el país.
"Hay que seguir la vía del diálogo y del trabajo conjunto, tal cual venía sucediendo antes de que apareciera esta regulación sorpresiva", fue una frase repetida por todos los presentes.
En este sentido, vale mencionar que el Ente Nacional de Comunicaciones (Enacom) viene realizando reuniones con distintos actores para discutir los alcances del DNU de cara a su próxima reglamentación. Las empresas de telefonía ya participaron de esos encuentros.