El bloque del oficialismo porteño en la Legislatura firmó este viernes, durante un plenario de comisiones, un dictamen favorable del proyecto para regular la actividad de los repartidores y de las plataformas de aplicaciones de delivery, con lo que giró al recinto de sesiones la iniciativa, sobre la que la oposición pidió más tiempo para debatir.
El proyecto fue despachado en el marco de una reunión conjunta de las comisiones de Tránsito y Transporte, de Justicia y de Asuntos Constitucionales con el aval de los legisladores del bloque Vamos Juntos y de su aliado UCR-Evolución.
En ese marco, durante el encuentro, que se desarrolló de manera mixta -con legisladores presentes y otros a distancia-, se leyeron varias comunicaciones con objeciones al proyecto, que fueron enviadas por sindicatos que agrupan a los trabajadores del sector y a cámaras de empresarios del rubro que estarán alcanzados por la normativa propuesta.
La propuesta iba a ser tratada ayer en la sesión ordinaria, pero el oficialismo no logró reunir los votos necesarios para habilitar el debate, por lo que optó por postergar la discusión hasta la semana próxima.
El proyecto contempla una extensa normativa para ordenar esta modalidad de trabajo, que adquirió protagonismo desde que comenzó la cuarentena y abarca al servicio de mensajería y reparto de sustancias alimenticias popularizados con el crecimiento de plataformas tecnológicas como Rappi, Glovo, PedidosYa y Uber Eats.
En la actualidad, existe una ley que regula la actividad de los deliverys, pero no prevé la modalidad bajo la cual trabajan esas operadoras digitales, mediante las cuales, los usuarios pueden realizar los pedidos a través del teléfono celular, contactar los locales de gastronomía o enviar correspondencia.
Para ello, el proyecto del oficialismo porteño, firmado por la legisladora Cristina García de Aurteneche y el diputado Marcelo Guouman, propone la creación de un registro de las operadoras digitales y los repartidores y mensajeros, e incorpora requisitos para ambas partes, como estar inscriptos en la AFIP y tener domicilio en el distrito.
Por su parte, el bloque del Frente de Todos -a través de los diputados Manuel Socías, Lucía Cámpora, Santiago Roberto y Cecilia Segura-, firmaron un despacho en minoría en el cual se solicitó el archivo del expediente.
"Es fundamental tomarnos el tiempo suficiente para poder debatir este proyecto que solo busca favorecer a las empresas y no protege a los más vulnerables que son los comercios, las y los trabajadores y las y los usuarios que sufren las prácticas abusivas de estas plataformas", advirtió Roberto.
En su dictamen, señalaron que con la propuesta del oficialismo, "el Estado se convierte en cómplice de la explotación laboral dejando a los trabajadores a merced de las reglas de juego propias de cada empresa, las que incluyen mecanismos de premios o castigos para los repartidores, los que se ven reflejados en la asignación o no de pedidos, de acuerdo a un ranking de horas de permanencia de conexión a la aplicación y efectividad".
"El proyecto en consideración poco viene a solucionar al quitarles la estabilidad laboral y la relación de dependencia, aunque en lo discursivo pretendan manifestar otra voluntad", indicaron.
Mientras tanto, sobre el escritorio de Vilma Ibarra, la secretaria de Legal y Técnica de la Presidencia, ya se encuentra el proyecto de "Estatuto del Trabajador de Plataformas Digitales Bajo Demanda" que el Gobierno enviará en pocos días al Congreso, según informa un vocero oficial a iProUP.
La iniciativa, tal como diera cuenta iProUP, fue redactada por los tres expertos en legislación laboral: Eduardo Álvarez, Pablo Topet y Alejandro Ferrari, tras un pedido del ministro de Trabajo Claudio Moroni.
Lo novedoso es que no contempla actualizar la Ley de Contrato de Trabajo (LCT) – ya que generaría polémica asociada a la resistida flexibilización laboral–, sino generar un estatuto para formalizar a los repartidores.
Es decir, se crean condiciones específicas para esta nueva forma de empleo no contemplada en la legislación actual. No obstante, la LCT será "aplicable en ciertos escenarios en los que sea compatible", indica el borrador.
En el Congreso también esperan el proyecto del senador oficialista Daniel Lovera, presidente de la Comisión de Trabajo, quien tiene una visión distinta que tendrá que ser compatibilizada con el que provenga de la Casa Rosada.
El texto considera incluidos dentro de la LCT a:
- Los repartidores de cualquier clase de bien susceptible de ser transportado por personas de a pie, en moto, ciclomotor, bicicleta, automóvil u otros vehículos de tracción humana
- Personas físicas o jurídicas que administren u operen plataformas web o aplicación de celulares para gestionar la entrega mediante los riders