Brasil avanza en una investigación que ya alcanza dimensiones multimillonarias y conecta al crimen organizado con el ecosistema fintech.
El expediente se concentra en el estado de São Paulo y apunta a un esquema que habría canalizado unos R$26.000 millones (unos u$s5.100 millones) en apenas cuatro años.
La causa, bautizada como Fluxo Oculto, forma parte de la Operación Carbono Oculto, que indaga una red sospechada de combinar adulteración de combustibles, evasión impositiva y lavado de dinero.
En ese marco, el jueves se realizaron 42 órdenes de allanamiento e incautación en distintas zonas del estado de São Paulo, con la presencia de más de 170 agentes de la Policía Militar y 38 auditores fiscales. También hubo procedimientos en otros estados.
Según la acusación, el esquema no se limitaba a estaciones de servicio y distribuidoras de combustibles. También habría incorporado a empresas fintech como pieza clave para mover fondos y complicar el rastreo del dinero.
En ese contexto, los investigadores detectaron al menos seis empresas que habrían funcionado como "bancos paralelos" dentro de la operatoria: canalizaban transferencias internas, movimientos entre inversiones e incluso el pago de gastos personales de integrantes de la organización.
Uno de los puntos que encendió las alarmas fue el volumen de operaciones en efectivo, algo inusual en este tipo de compañías. En uno de los casos se detectaron depósitos por más de R$1.000 millones entre 2022 y 2024.
Fuentes cercanas a la investigación señalaron a Bloomberg que las compañías involucradas serían:
La investigación también avanza sobre un esquema de adulteración de combustibles mediante nafta química, que habría sido desviada para modificar productos y encubrir el circuito financiero ilegal.
Según los fiscales, se habrían utilizado sociedades ficticias para simular ventas y armar una estructura de lavado de dinero de alta complejidad.